A tres meses de la entrada en vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información, los promotores de la normativa aseguran que todavía existe una «fuerte resistencia» para hacer pública información oficial.
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Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, sostiene que la resistencia de instituciones de Gobierno para cumplir con los preceptos de la ley es evidente.
De acuerdo con Montenegro, el Consejo de Cohesión Social se niega a entregar la información completa a entes fiscalizadores acerca de los beneficiarios de los programas que desarrolla, pese a que la ley «es clara» y le obliga a hacer pública la información.
En ese sentido, Cohesión Social efectuó una consulta a los beneficiarios de Mi Familia Progresa, en la que el 99% dijo no estar de acuerdo con hacer pública su información, por lo que ésta continúa en reserva.
Asimismo, la diputada señaló que en el Organismo Judicial aún existen muestras de resistencia para hacer efectiva la disposición oficial.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que cerca del 90% de las 333 municipalidades del país no tienen conocimiento o voluntad para aplicar la ley y hacer pública la información oficial.
En ese sentido, el especialista en transparencia indicó que, a pesar de las dificultades económicas, las comunas deben realizar un esfuerzo para demostrar que no es la falta de voluntad política la que les hace incumplir con la normativa.
La diputada Nineth Montenegro refiere que la presión y participación social es imprescindible para que las instituciones oficiales adopten los preceptos de publicidad en la información oficial.
Por su parte, el activista Manfredo Marroquín refiere que se necesita de un nuevo ente rector que verifique el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información, distinto a la Procuraduría de Derechos Humanos y que pueda dar cumplimiento a la misión de observación y vigilancia de la ley.