De acuerdo con estadísticas oficiales, del 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014, se incautaron 6 mil 867 teléfonos celulares en las cárceles del país, los que en su mayoría, fueron utilizados por las estructuras del crimen organizado para continuar planificando hechos ilícitos.

El Sistema Penitenciario (SP) informó que en 2012 se decomisaron 3 mil 068 teléfonos celulares; en 2013, 3 mil 181; en 2014, 618, esto mediante un total de 5 mil 596 requisas realizadas en los últimos dos años y cinco meses.

Asimismo, las estadísticas refieren que durante este tiempo se incautaron 4 mil 438 chips y un total de 7 mil 660 artículos como cargadores para celulares, batería y auriculares.

El número de móviles incautados datan de la misma fecha en la que las autoridades identificaron que una banda de extorsionistas con liderazgo en las cárceles de Pavón, Chimaltenango y Santa Teresa, cobró Q5 millones de extorsión principalmente a transportistas con ruta a Occidente.

Según un informe oficial, Pavón es la cárcel que más energía eléctrica consumió en 2013, pues se invirtieron  Q3 millones 424 mil 002.16.

NORMATIVAS
A pesar de que el 8 de octubre del año pasado se aprobó el Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles que sanciona entre 6 y 10 años de prisión el ingreso y uso de equipos móviles en centros de privación de libertad, la normativa no es una limitante para los detenidos, que se apoyan de funcionarios y trabajadores corruptos para hacer mal uso de los teléfonos.

Édgar Camargo, director de Presidios, dijo recientemente a La Hora, que la disposición les ha sido de utilidad, al igual que lo hará la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, aprobada en abril pasado.

Edi Juárez, viceministro de Seguridad, dijo ayer, que a pesar de las impugnaciones en contra de la disposición, al menos los tres artículos que corresponden al SP siguen vigentes.

CORRUPCIÓN
De acuerdo con ambos funcionarios, existe voluntad para combatir la corrupción en las prisiones y muestra de ello es que cinco empleados penitenciarios han sido puestos a disposición de los Tribunales este año.

Sin embargo, el viceministro de Seguridad admitió que la corrupción es uno de los principales problemas, aunado a la falta de infraestructura adecuada y la concentración de delincuentes ociosos.

“Tenemos que reestructurar todo el sistema en infraestructura inicialmente porque todas las cárceles no prestan las medidas necesarias para blindarlas y protegerlas, son vulnerables y están sometidas al factor humano que siempre va a tener problema de corrupción y de dinero, uno de los grandes problemas es que usted tiene concentrados a todos los delincuentes dedicados siete días de la semana a pensar cómo seguir cometiendo esos ilícitos”, refirió.