Después de estar en suspenso por sietes meses el contrato de “usufructo”, por un área de 348 mil 171 metros cuadrados a la empresa de capital español Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, sostiene que las dudas y anomalías del caso persisten y por eso asegura que no deben avanzar las obras.

La diputada Montenegro asegura que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) todavía no puede otorgar en usufructo los terrenos estatales, debido a que existe un contrato con irregularidades y no se han resuelto las acciones legales interpuestas contra ese negocio, que es respaldado por el Organismo Ejecutivo.

Asimismo, la legisladora señaló que Allan Marroquín, interventor de la EPQ, ya no debería ocupar dicho cargo, puesto que el acuerdo que avala la figura del interventor indica un límite de tiempo en ese cargo.

La legisladora considera que aún hay acciones legales contra el usufructo de la EPQ y que si las autoridades encargadas ceden, pueden entorpecer el proceso jurídico de las demandas interpuestas. Además que existen muchos grupos inconformes por el contrato. 

Montenegro comentó que su bancada ya ha citado a Marroquín, pero no ha asistido a sus llamados; el objetivo de la citación es que el Interventor explique su persistente labor en la EPQ, cuando ésta ya debería haber terminado, así como las demás irregularidades en el contrato con TCQ.

UN MES DE PLAZO
El interventor de la EPQ dijo que en un mes se podrían entregar los terrenos portuarios en usufructo; esto debido a que ya existen los consensos suficientes, además de que se ha detectado una fuerte competencia en las portuarias salvadoreñas, lo cual los obliga a” salir primero que éstos”, para obtener más ingresos de embarcaciones,  indicó.

Marroquín explicó que durante estos meses ya se ha logrado establecer el mayor número de consensos con los involucrados en la Portuaria que señalaron que se verían afectadas al otorgar en usufructo los terrenos de la portuaria Quetzal.

También indicó que la mayoría de acciones penales ya se encuentran resueltas y que éstas no pueden considerarse un impedimento para que la empresa TCQ pueda iniciar lo más pronto posible las acciones de trabajo.

El interventor señaló que aún existen dos acciones legales en contra de este contrato de las cuales uno se caerá, que es el laboral, ya que no tiene relación alguna. Marroquín añadió que ya se ha encontrado consenso con el grupo de jubilados de la EPQ, quienes eran los principales opositores. El interventor concluyó diciendo que ya son menores los aristas con los cuales se tiene que establecer consenso y que por esa razón podrían entregarse de inmediato los terrenos.