Pero la evidencia del avance de la impunidad y del control que los grupos del crimen organizado llegaron a ejercer sobre las instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia fue tan abrumadora que desde cualquier punto de vista se tení­a que asumir que era imposible enfrentar el problema sin la decidida y comprometida ayuda de la comunidad internacional y por eso he sido de los defensores del concepto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aun antes de que la misma fuera oficialmente establecida. Por el carácter inédito de esa Comisión, el papel de su titular serí­a crucial porque era obvio que su ritmo estarí­a marcado por la personalidad de quien viniera como comisionado. Una de las dudas que siempre tuve cuando se discutí­a el tema de la CICIG era el antecedente de lo que fue y significó Minugua para Guatemala y pensaba que si la ONU enviaba a un funcionario de carrera, un burócrata internacional, no habí­a que hacerse muchas ilusiones porque la dinámica diplomática entrarí­a en colisión con la impuesta por el avance de la impunidad en nuestro paí­s que se ha mantenido a pasos agigantados. La decisión de enviar a Carlos Castresana, un fiscal experimentado en España y que tuvo participación también en otros paí­ses en luchas contra distintas formas de crimen organizado, demostró que la Secretarí­a General de la ONU estaba tomando en serio el problema guatemalteco. Y desde que vino, el comisionado empezó a mostrar que no se acomodaba a las normas burocráticas de las Naciones Unidas y emprendió una especie de cruzada personal en contra de la impunidad en nuestro paí­s. Obviamente su forma de proceder rompí­a moldes y paradigmas porque era precisamente lo que hací­a falta en un paí­s donde los moldes y los convencionalismos fueron diseñados para proteger esas estructuras de poder oculto que ha operado a lo largo de muchos años. Hoy en dí­a me doy cuenta que una gran parte de nuestra población no dimensiona la gravedad del problema y lo asumo al ver las reacciones provocadas por la renuncia de Carlos Castresana. No es simplemente la cuestión ideológica de quienes pretenden mantener a un Estado débil y castrado, ni la influencia de los grupos criminales. Es la expresión de un montón de gente que ve este problema como una cuestión personal y, dentro de una lógica obtusa, demanda pruebas de situaciones que por su misma naturaleza no dejan huella y tienen que encararse con determinación a partir de evidencias y realidades que están allí­, pero que no queremos o podemos reconocer. El experimento de la CICIG ha generado algún nivel de conciencia que no existí­a cuando empezó su trabajo, pero aún falta muchí­simo por hacer para que la población entienda lo que realmente le ocurre al Estado y por qué nuestras instituciones no funcionan. No es porque los chapines seamos una porquerí­a o porque no damos pie con bola. Es un montaje bien diseñado y mejor ejecutado que se orienta al control de las instituciones para facilitar el funcionamiento de enormes poderes ocultos que no están dispuestos a renunciar a ese control cada vez más absoluto. Y mientras discutimos si lo de Castresana es de galgos o de podencos, los otros corren para consolidarse.