La iniciativa de ley «Del plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y la imposición de servidumbre de paso» ha empezado su trámite en el Congreso de la República de Guatemala.
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Christian Jacques Bussinot Nuila, presidente de la Comisión de Energía y Minas, dio a conocer la esencia de este intento jurídico que buscaría modernizar el sistema eléctrico del país.
Apenas el mes anterior, las ocho regiones del territorio nacional sufrieron un apagón que duró más de dos horas; como resultado hubo grandes pérdidas económicas que hasta hoy no se han dado a conocer ampliamente.
El siglo pasado, en la década de los 70 y 80, el número de población no había crecido tanto, la demanda de energía iba en aumento, el país seguía siendo subdesarrollado mientras los apagones y el racionamiento del servicio eran pan diario.
PROPUESTA
Desde septiembre, la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica (CNEE) trasladó una propuesta para que los diputados la transformaran en iniciativa de ley.
En ella se pretende que de urgencia nacional y de utilidad pública se puedan expropiar porciones de territorios privados, públicos, comunales o municipales.
En el proyecto en papel se explica que toda la infraestructura, desde torres hasta tendido del cableado, hace necesario crear cinco anillos de electricidad para evitar que toda la conducción de energía dependa de un solo sistema, previendo apagones por hechos de la naturaleza o actos humanos.
Esta sería una obra monumental que desarrollaría la empresa privada y que para su construcción necesitaría pasar por muchos municipios de varios departamentos.
Los anillos son: Metropacífico, con objetivo principal de abastecer el centro de carga más grande, con una longitud de 144 kilómetros que comprenden el departamento de Guatemala, llevando la energía eléctrica desde las plantas térmicas ubicadas en la costa sur.
Anillo hidráulico, el segundo, su objeto llevar el potencial de generación hidroeléctrica que tiene como visión la posibilidad de la construcción de nuevas hidroeléctricas. Su longitud, 464 kilómetros al noroccidente del país.
El tercer anillo, denominado Atlántico, proyecta el tendido de una línea de 585 kilómetros que transmitiría el potencial servicio eléctrico generado de forma hidráulica y térmica con capacidad de transmisión hasta la costa atlántica para abastecer proyectos industriales en la costa atlántica.
Anillo oriental, es el cuarto, también con mayor capacidad de transportación de energía en esa región, eliminando las restricciones que actualmente existen y que vendría a reforzar el anillo Atlántico del área oriental y nororiental.
Por último, el anillo occidental, de 146 kilómetros, conectaría la línea Esperanza-Sololá-Las Cruces-Guate Sur, que además podría contribuir a la transportación de la carga del anillo hidráulico.
Con la infraestructura de ese quinto anillo, las autoridades proyectan disponer de mayor carga importada desde México, eso garantizaría el suministro del área central del país, además la capacidad significaría también la interconexión Guatemala-México.
El Rancho, municipio de El Progreso, estratégico por la actual línea de Chixoy, vendría a formar parte del anillo hidráulico que no solo haría posible la conexión de energía eléctrica sino la transportada por anillos futuros.
Según la iniciativa de ley, el plan está concebido para que lo ejecuten inversionistas privados nacionales, extranjeros o mixtos, ante la imposibilidad financiera actual del Estado, refiere el documento.
No se establece el costo real ni la cantidad exacta de megavatios hora que podrían abastecer, pero por constituirse como un megaproyecto, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) dice ser incapaz de desarrollarlo.
Y el INDE dice «no puede», justificando que está imposibilitado por la actual carga financiera al estar sufragando la tarifa social que está por el orden de los Q450 millones anuales, independientemente del incremento del número de usuarios futuros.
Sergio Funes, vocero de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, formada por 18 organizaciones indígenas y campesinas, recordó que antes de realizar cualquier proyecto de grandes magnitudes se debe anteponer las diez políticas sectoriales que contiene la iniciativa de ley de desarrollo rural integral.
La contraposición a la iniciativa de ley de imposición de servidumbres con fines de la expansión eléctrica, «pone esas limitaciones a todas aquellas inversiones que en el área rural pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas», agregó Funes.
Las comunidades indígenas insisten que no se oponen al desarrollo del país, siempre y cuando se consulte a los pueblos indígenas basados en el Convenio 169 de la OIT y se respete la Constitución Política de la República.
A pesar que la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-2005, no ha cumplido su propósito y un mínimo porcentaje de la propiedad de tierras ha sido medido y evaluado, la iniciativa de expropiación exige certificaciones de posesión y de propiedad.
Las leyes que rigen el tema eléctrico en el país son: Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Decreto 64-94; Ley General de Electricidad, Decreto 93-96.
Desde 1959, los legisladores dispusieron que la electricidad estuviera bajo control del Estado.
En 1965, se declaró de urgencia nacional la electrificación del país.
Después de 1996, se privatizó el servicio de energía eléctrica.
El artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula la expropiación.