La persecución penal contra bandas de violadores es el foco de atención para las autoridades, pero ¿qué sucede con las víctimas? La mayoría no recibe atención integral en los hospitales y centros de salud, que carecen de las capacidades mínimas para brindar asistencia médica y psicológica. El sistema de salud pública les da la espalda a las agredidas.

Cada vez más casos de violación sexual son registrados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), sin embargo esto no significa que se garantiza la atención médica y psicológica adecuada para todas las víctimas, lo que supone un problema de atención urgente en materia de salud y justicia.

El sistema de salud pública registró un aumento de 145 por ciento en el número de casos de violación sexual en los últimos cuatro años. En el 2008 se presentaron 284 atenciones, mientras que en el 2009 fueron 351, 411 en el 2010 y un total de 697 el año pasado. En lo que va del año se han atendido ya a 632 personas.

Las cifras apuntan a que la agresión sexual es un problema cada vez más visible y denunciado en el país, dice Sandra Morán, del Sector de Mujeres, pero considera que aún hay una gran cantidad de víctimas no registradas entre las estadísticas de Salud, que no reciben la atención que necesitan. Muy pocas llegan a denunciar y un número menor es el que registra Salud, indica.

En la sociedad se evidencian investigaciones y capturas de presuntas bandas de violadores, pero no se mejora la atención a las víctimas. “Esto implica un reto para el sistema de salud, para que puedan generar mejores condiciones para quienes han sufrido”, dice Morán.

En algunos casos, “quienes cubren la necesidad son las comadronas” que “tienen una mayor comprensión y juegan un rol muy importante”, pero muchas veces son discriminadas y no cuentan con suficiente apoyo estatal para cumplir con su labor social.

En la misma línea, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que el MSPAS cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, “pero está muy lejos de aplicarse, pues la mayoría de los prestadores de servicios ignora su existencia”.

“No es que haya más violaciones, sino que ahora sí salen a luz pública, porque las víctimas se están atreviendo a denunciar; el problema es que se encuentran con un sistema ineficiente, que muchas veces en vez de ayudarlas, les da la espalda”, señala Cruz. “Todavía estamos muy lejos de lograr que el Ministerio de Salud ofrezca una atención especializada”, agrega.

“Recuerdo el caso de una niña, víctima de violación sexual, que provenía de una comunidad lejana de la Costa Sur; como fue agredida un fin de semana tuvo que permanecer varios días sin bañarse o cambiarse, porque nunca la atendían para practicarle exámenes médicos”, apunta la directora de Sobrevivientes.

REALIDAD AL DESNUDO

De acuerdo con un informe del Sistema Integral de Atención en Salud del MSPAS, la mayoría de las víctimas de violación sexual se encuentra  en los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango y Jutiapa

En el 90.6 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres y el 53.17 por ciento se encuentra entre el rango de los 10 y 19 años. En menor cantidad, los registros dan cuenta de agresiones sexuales contra menores de cinco años y adultos mayores.

El informe también refiere que en la actualidad, “la capacidad de respuesta del servicio clínico psicológico en los servicios de salud es con una tasa de cobertura nacional del 0.3%”.

A esto, Cruz comenta: “Hay un problema serio en la atención médica inmediata, para prevenir el contagio de infecciones, que debe ser una medida urgente; no digamos el apoyo psicológico, que es una de las principales carencias del sistema”.

“Al final esto no solo se trata de salud, sino también de justicia; urgen mecanismos de reparación física o psicológica para las víctimas, porque ahora permanecen en una especie de impunidad social”, puntualizó.

Se solicitó una reacción del MSPAS, pero no se recibió una respuesta al cierre de esta edición.