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Estados Unidos dio un paso adelante en su presión al suspender sus «actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras el tiempo necesario para estudiar la situación», dijo el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman.

Al mismo tiempo «el Banco Mundial decidió hacer una pausa en sus préstamos (a Honduras) hasta que se encuentre una solución a la crisis actual», indicó su portavoz, Sergio Jellinek. El BM financia 16 proyectos en Honduras, y hay desembolsos pendientes por 270 millones de dólares, precisó.

Todas estas medidas se conocieron poco después de que la Organización de Estados Americanos diera un ultimátum de 72 horas a Honduras para «la restauración inmediata, segura e incondicional del presidente a sus funciones».

Frente a esta resolución de toda América, Zelaya resolvió postergar por 72 horas su anunciado intento de regreso a Tegucigalpa, previsto en principio para hoy, en el que iba a ser acompañado por funcionarios de la OEA y presidentes latinoamericanos.

Zelaya llegó ayer a Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Ricardo Martinelli, acompañado por el canciller venezolano Nicolás Maduro y la canciller de su gobierno, Patricia Rodas, según su embajador en Tegucigalpa.

Entretanto, en Tegucigalpa, donde las autoridades lanzaron una orden de arresto contra Zelaya acusándolo de 18 delitos, dos nuevas manifestaciones estaban previstas para la tarde, una para respaldarlo y otra para apoyar a Roberto Micheletti, designado por el Congreso para terminar el mandato.

Estas protestas se desarrollan diariamente desde el golpe. El martes ambas concluyeron pacificamente, a diferencia del lunes, cuando choques entre policí­a y manifestantes dejaron 300 heridos.

Micheletti era el titular del Congreso de Honduras, y del mismo partido que Zelaya, y fue ungido al frente del paí­s el domingo luego de que al amanecer militares tomaron por asalto la residencia presidencial, argumentando una orden judicial, capturaron a Zelaya, lo subieron a un avión y lo expulsaron a Costa Rica.

La respuesta contundente de la comunidad internacional no ha hecho cambiar a las autoridades hondureñas.

Micheletti, frente al bloqueo de préstamos, anunció que el gobierno iba de todas formas a garantizar dos partidas por casi 3 millones de dólares, una para luchar contra la gripe A y otra para prevenir inundaciones.

Pero las medidas de presión (retiro de embajadores de paí­ses latinoamericanos, medidas de cierre de comercio de paises de la región, declaración de la ONU y de Washington en respaldo a Zelaya) preocupaban cada vez más en Tegucigalpa.

«El problema más difí­cil es cómo evitar un aislamiento total y convertirnos en un paí­s paria», dijo el analista y director del Movimiento Consenso Ciudadano, Efraí­n Dí­az, a la AFP. «La comunidad internacional tiene que agotar determinados pasos antes de aislarnos», sostuvo.

Tanto los partidos polí­ticos como empresarios, medios de comunicación y parte de la población están en contra del retorno de Zelaya y aprueban su expulsión del gobierno y del paí­s ocurrida el domingo.

Desoyendo a la justicia que la habí­a declarado ilegal, Zelaya estaba determinado a realizar ese dí­a una consulta popular cuyo fin último era reformar la Constitución para que incluya la reelección presidencial.

En la multitudinaria manifestación que realizaron el martes sus detractores en Tegucigalpa, abundaron los gritos de «Â¡Que no vuelva, que no vuelva!» y los ví­tores al jefe del Estado Mayor conjunto, Romeo Vásquez, a quien Zelaya habí­a destituido por resistirse a distribuir el material electoral.

Zelaya, que habí­a llegado al poder en elecciones democráticas ungido por un partido de derecha, giró su lí­nea durante su mandato, y finalizó ingresando a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), grupo de paí­ses con gobiernos de izquierda, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.