Yanely Galvis tiene 17 años y un sueño: ser sicóloga para atender los traumas que la violencia deja en niños como ella, que vio morir dos hermanos a manos de paramilitares en el Chocó, oeste de Colombia, donde uno de cada cuatro habitantes son desplazados.
«Me gustaría ser una sicóloga clínica me fascina eso: trabajar con niños que tienen traumas, porque fui una niña que tuve muchos», dice aferrada a la máquina de coser, en un taller de confecciones improvisado con ayuda internacional en el colegio Pedro Grau de la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó.
Ella es una de los casi 2.000 alumnos del colegio que atiende la llamada comuna norte, donde se ubican barrios que albergan la mayor parte de los desplazados que han llegado en la última década hasta Quibdó, huyendo de los combates.
«Gracias al taller hemos aprendido a hacer el uniforme del colegio. También buscamos a los que necesitan ropa y con la ayuda de las máquinas y la guía del «profe» les hacemos blusas, faldas o pantalones», cuenta Yanely, una morena robusta que está terminando la secundaria.
Desde el taller se divisan los barrios que rodean el Luis Grau, en buena parte compuestos por simples «cambuches» (casas precarias) de tejas de aluminio y paredes de madera o cartón, donde viven casi 40.000 de los 110.000 habitantes de Quibdó. El 85% de los pobladores del departamento son afrodescendientes.
Gracias a las donaciones, el Grau logró mejorar sus instalaciones y cuenta con incipientes talleres de confección, carpintería y mecánica que no sólo usan sus alumnos sino también los vecinos.
La última de esas ayudas, compuesta por computadores, una impresora y un proyector, fue entregada el viernes por delegados de la Fundación Panamericana de Desarrollo, una entidad de la OEA, que canaliza donaciones de empresas para las comunidades más pobres del continente.
Por ser un corredor entre las costas del Pacífico y Atlántico, la frontera con Panamá y el interior de Colombia, el Chocó -cuyo territorio atraviesa una selva húmeda, entre la más lluviosa del continente-, es un territorio propicio para el tráfico de armas y drogas.
El drama de Yanely, como el de muchos chocoanos, comenzó en 1997 cuando paramilitares de ultraderecha incursionaron en territorios ganados por la guerrilla izquierdista, realizaron varias masacres y desplazaron a miles de habitantes de la región de Pavarandó.
Unos 180 de ellos cruzaron la frontera y huyeron hacia Panamá, otros se refugiaron en Quibdó, un departamento donde el 78% de la población es pobre.
Más de tres millones de colombianos han sido desplazados por la violencia, según la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y el Chocó es una de las regiones donde el problema es más grave.
Según Luis Enrique Murillo, asesor de paz de la gobernación, casi 90.000 de los 400.000 habitantes del departamento han sido sometidos a desplazamiento.
En Quibdó, la pobreza salta a los ojos: la mayoría de las calles están sin pavimento, los servicios públicos son precarios y las viviendas rústicas.
Pero Yanely no se queja, al contrario, cada día se despierta a las cuatro de la mañana para preparar la comida para su padre -un obrero de la construcción- y sus otros cinco hermanos, antes de salir al colegio.
«Los fines de semana trabajo lavando y planchando, los días que tengo libre me dedico a estudiar, porque, eso sí, soy una mujer muy soñadora y me gustaría dar testimonio al mundo de que es posible llegar a ser alguien, aunque uno no tenga nada», apunta mientras vuelve sus ojos para seguir en la costura.