La sensación de estar amenazado no es extraña para el periodista de investigación Juan Carlos Calderón. Las últimas tres amenazas las recibió poco después de lanzar una revista digital dónde publicó una investigación sobre pólizas de seguro contratadas por el gobierno.

Las amenazas las interpretó como un cumplido, pues con la denuncia, que decía que empresas del Estado contrataron a compañías privadas de seguro para que aseguraran activos públicos. En vez de contratar los reaseguros, dice la revista, las compañías se quedaron con el dinero y, en ocasiones, falsificaban los contratos, lo que se conoce como pólizas fantasmas.

A las dos primeras amenazas no le prestó atención, pero luego se enteró de que dos tipos mal encarados llegaron al condominio donde vive, se identificaron con el guardia del lugar como compradores de su casa, que nunca estuvo en venta, llegaron a la puerta de su hogar y merodearon por unos 20 minutos.

Pese a que en Ecuador los ataques a la integridad son excepcionales, actualmente reina un ambiente de intolerancia que se cierne sobre medios y reporteros y del que varios defensores de derechos humanos responsabilizan al jefe de Estado.

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cree que el presidente Rafael Correa «ha demostrado un nivel altísimo de intolerancia a la crítica a través de la utilización de millonarios juicios penales y civiles y del impulso a una ley de comunicaciones que impone serias restricciones a la libertad de expresión y al trabajo de los medios».

La periodista Janet Hinostroza coincide en que «el Presidente de la República, desde el primer día de su gobierno, vio a la prensa como su enemiga».

Hinostroza recibió el premio internacional a la libertad de prensa entregado por el Comité para la Protección de Periodistas. En las afueras del hotel Waldorf Astoria en Nueva York, en cuyos salones se entrega el premio, se congregaron unas 150 personas con carteles que decían que la expresentadora de noticias, que renunció a su cargo por amenazas, era «vendepatria» y «mentirosa».

Ello incitó virulentos ataques en su contra en las redes sociales pese a que su prestigio internacional creció.

Los ataques de Correa, que han incluido a Calderón e Hinostroza, son casi cotidianos. En su programa Enlace Ciudadano, que se transmite los sábados por cadenas de radio y televisión públicas y muchas de las privadas, el mandatario suele llamar «mediocres», «corruptos», y «sicarios de tinta» a reporteros y editores.

«Sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que tenemos la gran oposición de determinados medios de comunicación, ya sea por ser actores políticos, por defender intereses o simples vanidades de sus periodistas o reporteros», dijo Correa en una emisión de su programa. «Miserias humanas que no hay que subestimarlas».

Jorge Imbaquingo, periodista que trabaja en la Universidad de Las Américas, expresó que al culpar al periodismo de todos los males del país, Correa ha fomentado una hostilidad abierta hacia ellos. «En algunos casos la gente te insulta, dicen que te vayas del lugar» cuando estás cubriendo una noticia, afirmó Imbaquingo, becario del programa de estudios que ofrece la Universidad de Stanford a editores y reporteros del mundo. «Hay escupitajos a veces».

Él y otros dicen que el clima de intimidación ha fomentado la autocensura, pues el gobierno de Correa puede estrangular financieramente a periódicos y emisoras mediante la suspensión de la publicidad oficial y también alentar a empresas privadas a hacer lo mismo. La AP intentó en repetidas ocasiones obtener comentarios de funcionarios públicos ecuatorianos sobre este tema sin éxito.

El temor a una nueva ley de prensa propició el cierre de la revista Vanguardia en junio de este año, donde Calderón se desempeñaba como director. La norma establece sanciones administrativas y económicas a medios, que incluso pueden ser clausurados, y a periodistas en caso de que alguna persona se sienta ofendida o discriminada por algún reporte.

La norma no define, concretamente, qué significa ofensa o discriminación, pero creó dos entidades para sancionar las faltas: la Superintendencia de Información y el Consejo de Regulación de la Comunicación.

Esa ley «es de lo más regresiva que se ha aprobado en América Latina en materia de regulación de prensa en los últimos años», dice el coordinador para las Américas del Comité para la Protección, Carlos Lauría. «Tememos que esa ley está diseñada para regular casi todo lo que hacen los periodistas, sea utilizada para restringir la investigación».

La ley establece, además, una nueva política para la cesión de frecuencias de radio y televisión así: el 33% para estaciones privadas; 33% para entidades estatales y el restante 34% para organizaciones comunitarias. No hay detalles sobre cómo se redistribuirán las frecuencias actuales para cumplir con la ley.

En medio de este panorama, Calderón creó la revista digital «Plan V» en una pequeña y muy modesta oficina de 40 metros cuadrados en un antiguo edificio, con ocho mesas, 12 sillas, dos computadoras y donde los periodistas llevan sus propios portátiles para trabajar.

La publicación fue fundada con dinero del periodista, colaboradores, amigos y conocidos. «Aporté mis pocos ahorros, y con unas 30 personas logramos recaudar el dinero suficiente para pagar los sueldos del equipo por seis meses y así avanzamos», agregó. «Aún tenemos altibajos, deudas principalmente con colaboradores ocasionales. Nadie nos presiona».

César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, que vigila la libertad de expresión en Ecuador, expresó que la publicación «es un sueño quijotesco y se podría decir que en este momento es casi luchar contra molinos de viento en una situación en la cual las restricciones al periodismo se multiplican».

Cree, no obstante, que la revista es el último reducto de periodismo de investigación que le queda al país.

En 2012, Correa le ganó a Calderón un juicio civil por 1.1 millones de dólares pues el periodista fue coautor del libro «El Gran Hermano», que detalló una serie de contratos que suscribió el hermano mayor del Presidente, Fabricio, y el Estado; prohibido por la ley.

El fallo del juez dijo que el libro había causado daño moral y a la honra de Correa, pero no señaló si los hechos denunciados eran verdad o mentira. Calderón sabía que para cumplir cualquier sentencia debían incautar sus bienes que, según él, comprendían ahorros por 5 mil dólares, una casa familiar, un departamento, y un vehículo modelo 2004.

El presidente Correa sorprendió a todos al desistir la demanda aunque no dejó de advertir que era «perdón, pero no olvido». Pero Calderón con desparpajo justifica «la manera más elegante de ser pobre es ser periodista».