De 2009 a la fecha, 25 armas de fuego han sido encontradas en diferentes centros carcelarios, casi la mitad de las mismas han sido incautadas sólo en este año en el Preventivo de la zona 18; entre los hallazgos sobresale un arma perteneciente al Ministerio de Gobernación (Mingob).
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La mayoría de hallazgos se ha realizado en centros de rehabilitación considerados como «conflictivos», donde prevalece la población pandillera, que se encuentra en condiciones de hacinamiento.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario (SP), en 2009 fueron encontradas seis armas de fuego en el Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, donde prevalecen pandilleros de la Mara 18; en la cárcel de Chimaltenango, donde hasta a principios de este año albergaba a miembros de esa banda – actualmente guardan prisión en la zona 18, dos; tres en la prisión de El Boquerón, donde hay presencia de miembros de la Mara Salvatrucha (MS) y dos en la cárcel de Canadá, en Escuintla.
Sin embargo, sólo en este año se han hallado 12 armas de fuego en el sector 11; el primer decomiso se efectuó el 11 de enero de este año, donde se encontraron 9 armas de fuego: 6 tipo pistola de calibre 9 milímetros y 3 revólveres calibre 38, además de la incautación de 74 cartuchos útiles y Q6 mil en efectivo.
Mientras que el pasado 13 de febrero, se encontraron tres pistolas, entre las que sobresale una perteneciente al Mingob, así como 228 cartuchos útiles, tolvas y una granada de fragmentación tipo militar M-26.
De acuerdo con un informe al que tuvo acceso Diario La Hora, el arma que pertenece a la Cartera del Interior destaca las siguientes características: Pistola marca Jericho 941F, registro No. 51518219, con leyenda PNC Guatemala, Made In Israel HS, Israel Militar Industria IMI 9 milímetros, propiedad del Ministerio de Gobernación.
Al ser consultado Nery Morales, vocero de esa entidad, indica que se ha iniciado una investigación, para determinar si el arma verdaderamente pertenece a la institución, así como para conocer la forma en qué ingresó, pues aún se desconoce.
«Hay que establecer mediante una investigación, que ya se solicitó por parte del Sistema Penitenciario (SP) al Ministerio Público (MP), no sólo de esa arma, sino de todas las que se han encontrado en este centro y los otros», dice.
El funcionario indica, que aunque aparentemente el arma pertenece al Mingob, no significa que sea propiedad del mismo.
«Se solicitó por parte del Ministro una investigación y un informe acerca del inventario de esas armas y en efecto ese arma pertenece a Policía Nacional Civil, pero aunque tenga las insignias de PNC no significa que pertenezca al Ministerio», añade.
¿Cí“MO INGRESAN?
Según se ha dado a conocer, existen varias modalidades para ingresar estos y otros artefactos en los diferentes centros carcelarios, donde impera la impunidad y complicidad de varias personas.
Una fuente del SP, afirma que en estos hechos prevalecen varios actores, que van desde guardias penitenciarios y de la PNC, que aunque aparentemente resguardan estos sectores no siempre cumplen con su función.
Por otro lado, destaca la participación de representantes legales, quienes al ingresar a la visita con su cliente, llevan consigo cosas que son prohibidas para los reclusos.
En un tercer aspecto sobresalen los familiares de los privados de libertad, a quienes se les ha detectado instrumentos «poco usuales» en las prendas de vestir o en el cuerpo; así como en las «encomiendas».
PRESTIGIO, MOTINES Y ASESINATOS
Fuentes del Ministerio Público y de la PNC, señalan que varias de las armas que se encuentran en poder de los presidiaros, son utilizadas para intimidar tanto a guardias como a los compañeros de celda.
Las fuentes indican que un pandillero mientras «más armas de fuego obtenga, mayor poder obtiene», pues sabe que gana «prestigio» dentro del lugar donde se encuentra recluido.
Según se indica, las pistolas también son utilizadas para planear motines, pues «un pandillero siempre tiene la esperanza de huir», dice una fuente policíaca.
Por otro lado, se cree que las armas son escondidas, luego de ser utilizadas en asesinatos, pues con ello lograrán evadir las investigaciones que se realizan por determinados casos, como los crímenes contra pilotos, dice el entrevistado.
HACINAMIENTO Y POCO CONTROL
El hacinamiento y la falta de control dentro de los centros de rehabilitación, son algunos de los factores que contribuye a fortalecer los hechos delictivos dentro de las prisiones.
Las cifras hablan por sí solas, ya que la conflictividad coincide con el hacinamiento, por ejemplo, actualmente en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, hay 2,779 privados de libertad, sólo en el sector de pandilleros hay 318; en la cárcel de El Boquerón, en Santa Rosa, 191, de los cuales, 116 son miembros de la Mara Salvatrucha; la granja Canadá, en Escuintla, alberga a 1,137, de los cuales 15 son pandilleros de la gavilla 18, quienes se encuentran en áreas de aislamiento; previo al traslado de pandilleros de Chimaltenango al Preventivo, habían 47 reclusos.
Por otro lado se destaca, la falta de control sobre los privados de libertad. Según la Unidad de Control de Maras de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), es complicado establecer los ingresos de estas personas a los centros de rehabilitación, pues aunque la unidad cuenta con el propio control, el Sistema Penitenciario no proporciona mayor información y es dicha entidad que resguarda a estas personas.
Con esto coincide el fiscal contra el Crimen Organizado, que señala, que cuando investigan una extorsión, saben de qué cárcel proviene, pero es difícil detectar de qué bartolina, pues se ignora quién se encuentra en determinado lugar.
BUSCAN CONTRARRESTAR PROBLEMAS
Rony López indica que luego de la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado en 2009, este instrumento legal ha logrado contrarrestar buena parte de la problemática, a través de la intervención de líneas telefónicas.
Uno de los resultados más evidentes, según esta fiscalía, fue la desarticulación de una banda de extorsionistas, integrada por los pandilleros de la MS, Melvin Jacobo Pérez Reynoso, alias Yau del Iguar, José Balmore Alegría Merino, el Psyco y Jorge Yair de León, el Diabólico, quienes operaban con diferentes personas y cobraban alrededor de Q6,700 semanales a empresarios de Transportes Josefina, a cambio de no asesinar a los conductores.
Según se indica, estas personas eran los líderes de la pandilla en la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa y guardaban prisión por los delitos de portación ilegal de armas, asesinato, portación para el consumo, entre otros.
También se destaca que con los traslados de privados de libertad hacia la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, se ha logrado disminuir los hechos ilícitos, que no podían detenerse previamente a la implementación de dicha prisión.
En las recientes requisas fueron trasladados del Preventivo a Fraijanes II, los reos Hugo Botero Pérez, Luis Arturo Mich Soías, Osman René Coronado Martínez, así como Wilfredo Monzón Paniagua, alias el Sniper, y Edwin Roberto González Ortega, el Sarcón. Según las autoridades, con esto se ha logrado minimizar algunos de los hechos ilícitos que se conocían eran dirigidos por estas personas desde la cárcel, además continúan las investigaciones para dilucidar responsabilidades en otros hechos fuera de la ley.
De acuerdo con Rudy Esquivel, vocero del SP, esta cárcel permite un control adecuado sobre las personas que guardan prisión en el lugar, pues existe mayor verificación en las visitas, donde difícilmente se permitirá el ingreso de hechos ilícitos.
Por otro lado, Nery Morales, del Mingob, dice que a finales del primer semestre del año se tiene prevista la implementación de dos portales estériles, precisamente en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel del Infiernito, en Escuintla, que contará con rayos x, verificación de huellas dactilares y equipo sofisticado para evitar el ingreso de actos ilícitos.
El funcionario señala que auque estos portales ya habían sido colocados, no existía personal adecuado para utilizarlos.
Según se destaca, el presupuesto para los mismos fue de Q21 millones y se obtuvo mediante el presupuesto asignado a este Ministerio este año.
Por su parte, Esquivel coincide con Morales, e indica que a través de esta nueva implementación se logrará establecer un mayor control sobre lo que ingresa y egresa de los centros de rehabilitación.
De acuerdo con el representante del SP, el equipo biométrico y el registro de escaneo permitirá identificar todo lo que está prohibido, lo cual ayudará a contrarrestar uno de los problemas más preocupantes dentro de las cárceles del país.
Diferentes fuentes de seguridad coinciden en que todo «objeto prohibido» tiene un costo, que los privados de libertad pueden pagar por medio de los actos ilícitos que cometen en la calle con ayuda de gente que goza de libertad.
Por ejemplo, mediante la intervención de llamadas, investigaciones e información de testigos se sabe que los precios oscilan de acuerdo a la solicitud, por ejemplo:
Una botella de licor Q800
Celular 1,000
Televisor 3,000
Drogas Más de 3,000
Arma de fuego 6,000
Personas Varía.
Según Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, el dinero que obtienen los presidiarios se logra mediante diferentes hechos ilícitos como extorsiones, secuestros y hasta asesinatos.
El profesional señala que las investigaciones, la desarticulación de bandas y la intervención de llamadas, han logrado identificar que por estos actos ilícitos se cobran grandes cantidades de dinero.
Según López, la extorsión es uno de los flagelos que ha cobrado mayor notoriedad en los últimos meses y por el cual los privados de libertad obtienen millonarias cantidades de dinero.