El sistema de las comisiones de postulación está nuevamente siendo cuestionado, porque se presume que no tendrán la independencia deseada para elegir a las y los mejores profesionales para los puestos de regulación y control político/jurídico del Estado. Por ello, y para devolver esa confianza en un sistema que fue originalmente depositado en manos técnicas, profesionales y académicas, es indispensable que cada guatemalteco(a) juegue un rol de veeduría social.
Este rol, de auditor o veedor social, debe ser implementado en tres etapas lógicas; la preliminar, desde donde se esperan propuestas de perfiles especializados para cada puesto, y desarrollándolos más allá de los simples requisitos que las leyes establezcan. Este perfil de idoneidad buscaría alcanzar a desmotivar a aquellos que sin la preparación adecuada o la experiencia necesaria, quisieren por medios de influencia política, participar y ser electos. Es un pequeño filtro, pero indispensable para calificar la vida personal y profesional de los candidatos (as) de tan importantes funciones públicas. En esta etapa hay aun aspectos no resueltos, como la calificación de la honorabilidad, que rebasa la subjetividad de cualquier clase.
Un segundo elemento, se concentrará en el proceso de audiencias públicas que deberán celebrarse (aunque algunos dicen que las verdaderas entrevistas se dan en lo privado), para que las calificaciones sean justas, apreciando los méritos y penalizando falencias o ausencias de especialización de cada candidato(a). El proceso debe contar con un escrutinio cercano a cada decisión, para que los electores perciban la presión social requerida. Finalmente, las comisiones de postulación presentan los candidatos más cercanos a ese perfil ideal y que sobresalen por distintas razones profesionales, académicas y éticas. Pero depende del Congreso de la República y al Presidente, la elección de algunos funcionarios, de conformidad con cada una de las leyes particulares. Estos órganos de poder político, también deben sentir esa presión social que audite sus decisiones, y que fundamenten adecuadamente las razones por las que los electos, puedan cumplir con el mandato legal que se les impone.
El 2014 presenta retos indispensables para la elección de puestos de función pública. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Contralora General de Cuentas y la Fiscal General de la República, terminan sus respectivos mandatos, por lo que requieren de un relevo que permitirá al país tener nuevos vientos, aunque también es probable que algunos deseen reelegirse, algo que no es muy recomendable, salvo excepciones muy bien fundamentadas. Estos tres órganos, todos con su dosis de control político, gozan de funciones vinculadas a la ciudadanía, especialmente el tribunal electoral y la fiscalía, lo que obliga a que organizaciones de sociedad se interesen, pronuncien y ejerciten presión pública sobre la elección transparente, profesional y efectiva de cada funcionario. Para ello, toda la gestión propia de la elección, desde las comisiones de postulación hasta la finalización del proceso con la elección final de cada puesto, requieren estar revestidos de publicidad.
Y la Contraloría General de Cuentas, además, tendrá en sus manos la siempre delicada y complicada gestión de auditoría técnica y financiera de cada institución del Estado, algo que a pesar de todos los esfuerzos, parece aún insuficiente ante una administración pública en crecimiento, y con más presupuestos para ejecutar.
Esta responsabilidad de auditar socialmente no es solo de ONG´s o medios de comunicación; debe ser una obligación para los profesionales de auditar a sus colegios profesionales; a los estudiantes y profesores de la academia, de supervisar el accionar de sus casas de estudio; y en general de cada persona, que ha necesitado o ha usado estas dependencias públicas, para que su presión en cada ámbito de pertenencia (trabajo, estudio, redes sociales, amigos o familia) se escuche, y exija de las autoridades nombramientos inteligentes y honestos, para estos puestos, en cuya responsabilidad recaerá el cumplimiento de la ley y el orden social tan necesario para Guatemala.