Faltan pocos días para que se cumpla el plazo de entrega de la Hoja de ruta, que orienta la operatividad de los compromisos aceptados por el Estado, de conformidad con el Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la justicia, firmado por las altas autoridades de Estado y gobierno el pasado 15 de abril. Como se sabe, el citado acuerdo nacional contiene 101 compromisos que de ser cumplidos y acatados, deberán fortalecer los sistemas de seguridad pública y la administración de justicia en el país.
Supongo que la hoja de ruta ha contemplado la temporalidad para el cumplimiento de los distintos acuerdos, es decir, los tiempos pensados para implementar cada compromiso que serán de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, hay varios puntos que se han concretado, en especial, la aprobación de nuevas leyes o la ejecución de algunas medidas de seguridad, como el bloqueo de señales telefónicas en las principales cárceles del país. Pero quedan pendiente de ejecución otros compromisos que deben ser monitoreados, darle seguimiento a la hoja de ruta y verificar el cumplimiento.
Cumplir a cabalidad el acuerdo nacional, no depende en forma exclusiva de la voluntad política de los gobernantes, también debería ser acompañado por el trabajo de seguimiento, escrutinio, monitoreo y auditoría social de la sociedad civil organizada. Es cierto que el propio acuerdo nacional reconoce como miembros garantes a cuatro instituciones que están trabajando en la tarea de verificación y que representan la conciencia crítica de la sociedad, pero eso no niega la oportunidad para que desde la población organizada se vigile el cumplimiento de los acuerdos y se exija a los gobernantes honrar su palabra cumpliendo con lo acordado.
Estoy seguro que las organizaciones pro justicia, de derechos humanos, centros de investigación y otras organizaciones civiles, tendrán fija su atención en los contenidos del acuerdo nacional y habrán definido mecanismos y procedimientos para llevar el control de cumplimiento. Esa es una de las tareas que debería interesar a amplios sectores de la sociedad en tanto víctima de la inseguridad y la injusticia. Es una oportunidad para que en el país se fortalezcan las instituciones y se alivie la carga de temores e inseguridad que envuelve a la población.
Fuentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, definen dentro del mapa de conflictividad social, que el tema de la seguridad y la justicia ocupa el primer lugar a nivel nacional en términos del reclamo popular, lo que indica que siendo un fenómeno tan sensitivo para la sociedad, es urgente avanzar en el cumplimiento de los compromisos aceptados en el acuerdo nacional.
La rapidez para cumplir con los acuerdos, dependerá también del respaldo financiero que se tenga para ejecutar lo que el acuerdo nacional acepta. El Organismo Ejecutivo en coordinación con los otros organismos del Estado, debe buscar las fuentes y los recursos necesarios para realizar los acuerdos y asegurar la sostenibilidad de los mismos.
P.S. He visto cuadrillas de trabajadores municipales de Mixco, que han iniciado el proceso de limpieza del basurero que se acumula en la autopista. Sería bueno que la misma municipalidad publique el volumen de basura recolectada, para hacer conciencia en la población, a efecto de reducir la acumulación de basura que amenaza a la salud humana.