Por fin se aprobó la Ley de Comisiones de Postulación con la anuencia de los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso, lo cual constituye un avance en materia legislativa.
Con esta nueva ley se espera poder escoger a los mejores profesionales del derecho que asumirán el cargo de Magistrados en los próximos meses por un nuevo período, aunque tampoco hay que caer en idealismos pensando que esto es la panacea para todos los males y desventuras que sufre el sistema de impartición de justicia en Guatemala; siempre habrá algún sátrapa que logrará colarse.
Los motivos de su aprobación se deben en gran parte -a mi criterio- a que el Ejecutivo tuvo que ceder -tratando de remendar la ya desdibujada imagen del Presidente y su gobierno- ante el clamor de varios sectores de la sociedad civil que pedían su aprobación; mucho ayudó -también a mi criterio- el caso Rosenberg que aunque pareciera ser va perdiendo relevancia con el pasar de los días, dejó muy mal parado al Presidente y los demás sindicados ante la sociedad y ante todos los países del mundo donde fue difundido el vídeo, y aunque pareciera ser lo contrario, también ante la comunidad internacional. Lo que quiero dejar claro es que no fue una muestra de buena voluntad política del Presidente, la bancada oficialista y otros partidos, ni mucho menos! Las circunstancias así lo motivaron.
Esta Corte Suprema de Justicia tuvo que conformarse teniendo un Presidente ad interin por un período de un año. No pudieron ceder ante intereses personales y seguramente también políticos; prefirieron pasar a la historia por haber sido incapaces de poder elegir de entre sus integrantes un Presidente para este último año, a pesar de haberse reunido en más de 37 ocasiones y fallar en el intento.
En esta nueva elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia debemos de hacer una adecuada auditoria social sobre todos y cada uno de los candidatos que pretendan ocupar las magistraturas, y denunciar a cualquier aspirante que no ostente las cualidades académicas, morales y éticas.
A pesar de la aprobación de esta nueva ley, acaso la forma más equitativa para la elección de magistrados sería por medio de la realización de un sorteo; es más justo y se reducirían las posibilidades que existiera servilismo, dadivas, favores políticos, o el clientelismo, etcétera, que son precisamente el común denominador -con algunas pocas excepciones- de las personas que son elegidas.
Es imposible creer que pueda existir un organismo independiente -como el caso de la CSJ-, cuando este es elegido por el hoyo negro en donde se concentran todos los deseos, codicias y fantasías políticas en el país -el Congreso- y lo mismo sucede con la elección del Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etcétera.
Post Scriptum: Y ¿qué pasó con el cambio que también debe de hacerse para elegir a dichos funcionarios, que son de vital importancia para transparentar el ejercicio del poder?