El viernes anterior inicié la descripción de lo que a mi juicio constituyen los primeros elementos que, conjugados entre sí nos tienen atrapados y sin visos de una salida democrática. El aporte de un gentil lector, apuntaba a que no es que estemos sin salida, todo lo contrario, dice, no hemos podido entrar a un Estado democrático real. Tal apreciación tiene grandes implicaciones que es necesario contextualizar para entender nuestra actual problemática económico-político-social que a todos nos afecta. Por ello la continuación de estas reflexiones.

De manera arbitraria y como marco de referencia histórica, tomé como punto de partida la vigencia de la actual Constitución Política de la República, es decir, a partir del 14 de enero de 1986 a la fecha. Es necesario remontarnos en el tiempo aún más, evidentemente; sin embargo, en un país como el nuestro con una pirámide poblacional en la que con más de 14 millones de habitantes, la edad promedio es de 20 años, debemos ser más prácticos para intentar entender el actual estado de cosas.

En el período de gobierno 1996-2000 se produjeron los cambios en el servicio público más relevantes. Se cortó el servicio público mediante el condicionamiento del llamado “retiro voluntario”, toda vez que el pasivo laboral se hacía cada vez más grande, más complejo y más dependiente de un Estado sólido y con necesidad de mayores recursos provenientes de los impuestos. Por ello se optó en cesar la carrera pública de casi todas las instituciones estatales. La carrera del servicio público una vez mutilada sirvió para que la tecnocracia emergente se apoderara de los mecanismos y procedimientos dentro de lo estatal cobrando no solo una mayor relevancia, sino carente de mística hacia la razón de ser de lo público: el servicio a la población. Importantes empresas estatales de servicio dejaron de serlo para pasar a capitales privados (extranjeros la mayoría). El uso del erario nacional y municipal se encubrió al punto que hasta hace apenas unos pocos meses atrás, la Contraloría General de Cuentas ha tenido que admitir su incapacidad total para fiscalizar los fondos públicos administrados por medio de los fideicomisos. Todo ello se inició en el período de gobierno del régimen de Álvaro Arzú. Y no ha podido revertirse desde entonces, antes bien, se ha perfeccionado el trastoque de lo estatal al servicio de la sociedad.

En materia política y durante sucesivos eventos electorales, cada vez se hizo más evidente que a los puestos de elección popular no se llegaba por capacidad, formación política, discernimiento, mucho menos de debate, sino por el aporte para financiar la campaña y con ello las principales actividades proselitistas de cada jornada. Algunos de estos aspirantes comenzaron la práctica de obtener recursos de financiamiento (vía obra “pública” o de los propios fideicomisos) para financiarse y financiar a otros. La sumatoria de todo ello derivó en una corrompida red de personajes a elegir y una impávida e inerte sociedad. El Estado se malograba a pasos agigantados. Tampoco esto ha podido revertirse.

Al cuadro anterior se agrega ese conjunto de rasgos que tristemente nos distinguen como guatemaltecos, me refiero a aquello que, destacado por el finado Mario Monteforte Toledo, nos señala que: “Los guatemaltecos te jalan de los pies hasta bajarte a su tamaño. Te niegan, te regatean todo lo que haces, especialmente si está bien hecho… Debes ser listo, pero no tanto, informado, pero no mucho.” Y hemos llegado a punto de tal baja autoestima que somos incapaces de reaccionar ante la incapacidad, la mediocridad, la procacidad de quienes nos gobiernan y de quienes escondidos en sus cuellos blancos (del llamado capital privado) les financian para que estemos como estemos: atrapados y con un Estado notoriamente malogrado.