Un abogado con quien sosteníamos esporádica amistad, cuyo nombre omito deliberadamente, hace unas dos décadas quizá, fue nombrado director general de la entonces Policía Nacional, porque el gobernante de turno, agobiado por las críticas acerca de la corrupción en esa institución confió en la honradez del aludido letrado.
No volví a conversar con él hasta que lo destituyeron del cargo -juntamente con el ministro de Gobernación- cuando nos encontramos en los funerales de un amigo mutuo. A preguntas mías, me confió que asumió el puesto con la intención de destituir a cualquier empleado o funcionario corrupto; pero cuando la mañana del día en que cumplió su primer mes de labores abrió una de las gavetas de su escritorio, que, según su opinión, sólo él tenía las llaves, se encontró con un abultado sobre de manila, repleto de billetes de Q100.
Según su relato, convocó al subdirector general, a su secretaria, al agente encargado de las audiencias y a cuanta persona trabajara en su entorno, para averiguar la procedencia del soborno. Nadie sabía algo. Llamó al ministro de Gobernación y le contó lo ocurrido. Su jefe le respondió: «Usted hágase el baboso…hablaremos personalmente después».
En los meses siguientes se repitió la aparición de billetes en su escritorio hasta que él mismo se vio «obligado» a apremiar que se aumentara el monto, porque su superior le exigía que elevara las cuotas a repartir entre ambos. Un modesto abogado de honestas credenciales se convirtió en enriquecido ex funcionario corrupto. ¿Lo atrapó el sistema?
Traigo a colación esta anécdota, a propósito de lo anunciado por el director general de la Policía Nacional Civil, Julio Hernández, respecto a la depuración de ese ente, con el despido de 561 agentes.
Anuncio esperanzador, porque según un informe de la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América Latina (DESC) que resumidamente publiqué el 11 de marzo del año anterior, el alto mando de la PNC exigía cuotas a cada uno de los comisarios, los que, a su vez, fijaban un porcentaje semanal a cada contingente; mientras que las autopatrullas tenían y tienen su propio ámbito de acción, en los cuales operan las llamadas maras, que están organizadas en clickas, que tienen un perímetro de control de aproximadamente un kilómetro cuadrado, donde extorsionan a ciudadanos comunes, comerciantes, tenderos.
La cadena se iniciaba (¿inicia?) con el agente raso de la PNC, que ¿cobraba? una suma determinada a los integrantes de la mara, u otra clase de delincuentes, hasta culminar en el alto mando de la institución, actuando de intermediarios los comisarios; al margen de extorsiones a propietarios de bares, prostíbulos, casas de juego clandestinas.
El lunes siguiente, 13 de marzo, desde la sala de la casa donde vivo pude observar una autopatrulla estacionada en la acera de enfrente. No le concedí ninguna importancia, pese a que rara vez un vehículo de la PNC ingresa a la colonia donde moramos con mi mujer, y que sólo tiene un portón de acceso, vigilado por guardias privados.
Una hora más tarde volví a mirar hacia la calle y allí continuaba la autopatrulla. Llamé telefónicamente a la garita para preguntar si había ocurrido alguna anormalidad. Dijeron que ignoraban las causas de la permanencia en el lugar del vehículo policial, cuyos agentes dirigían su vista hacia la casa que habito.
Alrededor de 30 minutos después me recordé de lo que había escrito en torno a la cadena de extorsiones y vinieron a mi mente los riesgos corridos durante la guerra interna.
Después de llamar preventivamente a un colega, salí de la vivienda y me encaré con los agentes, indicándoles que así como ellos sabían dónde vivía con mi familia, yo había anotado los números de la autopatrulla y sus placas de circulación.
De inmediato, los policías que pretendían intimidarme arrancaron el vehículo y salieron de la colonia, mientras que yo puse al tanto de lo que ocurría al despacho del ministro de Gobernación y al periodista í“scar Clemente Marroquín, por previsión.
El incidente me sirvió para sospechar más de la existencia de la cadena de extorsión existente en la PNC, según el análisis de la DESC, y que ahora se pretende erradicar. Es de esperarse que las nuevas autoridades logren sus propósitos y que se apresuren a realizar la total depuración, antes de que los contaminen con sobres en las gavetas de sus escritorios.
(Durante el examen de ingreso a la academia de la PNC, el comisario Romualdo Polaco le pregunta a un aspirante a convertirse en agente: -¿Qué es un transexual? El joven campesino oriental responde: -Un tipo que transporta sexos)
Las nuevas autoridades de la Policía Nacional Civil deben apresurar la depuración, antes de que se contaminen de la corrupción que aún podría prevalecer