Ante los generalizados sentimientos de la población en cuanto a frustración y desencanto por la llamada “clase política” nacional, algunas personas, demasiadas talvez, han llegado a suponer que la opción que nos quedaría como nación es la de abocarnos a los togados para que ellos ejerzan de una vez el gobierno. Es decir, que el ejercicio de la función pública sea algo más allá de la judicatura, y que en efecto se concrete un “gobierno” de jueces.

Recapitulando. En las tres secciones anteriores, intenté describir como en nuestro país la mística por el servicio y del servicio público fue trastocado hasta dejarle en su mínima expresión en casi todas las instituciones y dependencias estatales. Sinteticé cómo los activos del Estado fueron a parar a las manos privadas “de unos pocos allegados” al régimen de Arzú y cómo todo ello se ha confabulado para que en estos momentos tengamos una presencia estatal diezmada, con poca credibilidad y un entorno proclive tanto al servicio de la impunidad y de la injusticia.

En los últimos días se ha manifestado una “atmósfera” que nos ha permitido percatarnos que, desde las más altas investiduras de la “pirámide” de los responsables de aplicar la justicia pasando por el ordenamiento jurídico de eso que solemos llamar régimen de legalidad, ha dejado de ser el baluarte a respetar y preservar. Ello ha llegado a convertir lo concerniente a la aplicación de la justicia en un conjunto de resoluciones, disposiciones y dictámenes que ni los propios estudiosos del Derecho alcanzan a comprender en forma inequívoca y única. Antes bien, ese tipo de redacciones alambicadas que se prestan a más de una interpretación, ha sido una de las principales causas para que actualmente un alto número de personas se encuentren privadas de libertad, pero sin que a la fecha estén cumpliendo condena alguna. De hecho los propios tribunales simple y llanamente no conocen de sus respectivas causas de prisión.

Hasta la propia clase política, ante su inexperta capacidad de arribar acuerdos por sí mismos, han llegado a los togados de la incuestionable e infalible Corte de Constitucionalidad, a plantear amparos y recursos de aquellas situaciones que ellos deberían dirimir, sin tener que acudir a terceros que resuelvan sus entuertos. En ese sentido, estos últimos días también han servido para ilustrarnos que cuál músicos, los togados también cantan y bailan al son de quienes pagan. Ellos, se han acomodado a su mundillo de prebendas, con sus onerosos ingresos, al ejercicio o facilitación del tráfico de influencias y la nefasta forma de manosear las leyes para que a su conveniencia hoy, el fulano o fulana que NO convenga a los intereses sacrosantos de los económicamente todopoderosos pueda caer en la más completa de la desgracia jurídica y ser un paria en nuestro propio territorio.

Pero si por el contrario conviene colocarle un aura de intocable e injuzgable a ese mismo fulano o fulana, simple y sencillamente se resuelve lo que dicta el más soberano de los atropellos a eso que casi ridículamente llamamos “Estado de Derecho”. Ese es el rumbo, la marca, la huella, el legado, de un ejercicio de gobierno indirecto y directo de los togados. Afirmo entonces, que ellos también nos tienen atrapados en el actual estado de indefensión en el que nos encontramos la mayoría de los guatemaltecos que no gozamos del “privilegio” de ser parte de la casta dominante. Nos tienen sojuzgados por las maniobras del conjunto de “operadores de la justicia” en nuestro país. Pienso entonces que entender nuestro entorno y comprender cuán intrincados están sus ámbitos, nos debe posibilitar un auténtico cambio. Este miércoles, por ejemplo, hubo una expresión de ejercicio cívico y ciudadano por una buena parte de la comunidad universitaria del país. Entonces con más y veraz información, quizás se pueda producir la génesis del movimiento nacional del cambio que necesita nuestra sociedad y su actual forma de gobierno. Continuará.