Cualquier intento de crear una nueva institución estatal para combatir la corrupción, no resulta ser otra cosa más que una inocentada. O talvez sea otra de esas tantas intenciones de tomarnos el pelo. Ya que la única manera en que la sociedad podría garantizarse el debido control de «sus» recursos, es mediante la organización ciudadana convertida en ese concepto tan cacareado llamado Auditoría Social. No cabe duda que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues durante más de 20 años no hemos querido darnos cuenta que no ha sido precisamente la Contraloría General de Cuentas la que ha denunciado los casos de corrupción que han escandalizado a propios y extraños en esta historia de corruptela llamada Guatemala, ya que sino fuera por la Prensa, jamás habría salido a luz pública apenas esa punta del iceberg de lo que significa la corrupción en nuestro país. Y por eso es que aprovechando la crasa ignorancia social aquí se insiste en darnos atol con el dedo creando nuevas «instancias estatales» para un supuesto control de la corrupción. Pues seguimos amarrando al chucho con chorizos o poniendo al mono a cuidar los bananos al crear un Viceministerio de la Transparencia cuando ya deberíamos tener identificado que la medicina jamás va a derivarse de la misma enfermedad.
No importa que en tan delicado cargo se coloque a persona impoluta si este ha sido escogido y va a estar bajo la influencia del ejecutivo de turno. Entendamos que la verdadera auditoría social es exactamente todo lo contrario al concepto que aquí se pretende implantar. La corrupción en Guatemala se ha formado y consolidado desde el momento en que el modelo institucional fundamenta la gestión gubernamental a espaldas de la ciudadanía, convirtiéndose así en un modelo burocrático estimulante de la corrupción. La corrupción en el Estado no se puede ni se debe controlar desde el mismo Estado, al contrario, este debe ser un órgano contralor intrínseco de la sociedad y absolutamente independiente de las esferas del poder. Fundamentado en este concepto fue que la Política de Desarrollo Democrático del mismo plan de gobierno de UNE concibió el Consejo Nacional Contra la Corrupción, una institución ciudadana convocada y financiada por el Estado pero integrada mayoritariamente por los sectores más incidentes y representativos de la sociedad guatemalteca. Un verdadero control ciudadano que más que utilizarlo como oferta de campaña, de haber sido implementado, hubiera significado liderar verdaderamente la lucha frontal contra la corrupción.
El Consejo Nacional Contra la Corrupción no es ese señuelo que le han lanzado al CACIF con la idea de que unos cuantos pelones de ese gremio se integren con la Vicepresidencia de la República. Bonita trampa la que le han tendido a esta asociación con el conocimiento previo de que una instancia tan raquítica y formada de manera tan improvisada nunca va a funcionar. De esta manera sólo corren el riesgo de convertirse en cómplices y comparsas del actual desorden y corrupción. El Consejo Nacional Contra la Corrupción, que por cierto fue ofrecido en el Plan de los Cien Días, es una institución con una fuerte estructura social muy incidente y representativa y sobre todo operativa a nivel nacional. Es algo muy distinto a lo recientemente propuesto que al estar conformado por los actores con más incidencia y representatividad de la sociedad y estar presentes en todos los departamentos y municipios del país, ya nos formamos una mejor idea de la fuerza y el impacto que esta institución tendría en nuestra nación. Y como se financiaría tan loable proyecto se preguntará el estimado lector, pues con mucho menos del 1%% que constituyen los 6,500 millones de quetzales aproximados que se clavan anualmente por tranzas y comisiones los «bienaventurados rateros» de este país. Lo demás quedaría disponible para los cientos de obras como hospitales, escuelas, maestros, centros de salud, medicinas, vivienda, agua potable que tanta falta nos hacen en nuestra esquilmada y saqueada Guatemala.