El atentado a balazos que dejó herido a un senador oficialista y muertos a dos custodios en la ciudad de Pedro Juan Caballero (550 km al noreste de Asunción), zona donde rige el estado de excepción, atizó la tensión en Paraguay, ante la violencia del narcotráfico y de una supuesta insurgencia.
El intento de dar muerte al senador Robert Acevedo, perteneciente al Partido Liberal oficialista se produjo en el segundo día de vigencia del estado de excepción en los norteños departamentos (provincias) de Presidente Hayes, Alto Paraguay, San Pedro, Concepción y Amambay, donde han sido movilizados unos 3.000 militares y policías por el presidente Fernando Lugo.
«Los responsables son narcotraficantes paraguayos asociados con brasileños. Ellos están inficionados en la sociedad y son dueños de la vida y de la muerte. Me salvé de milagro», relató Acevedo a la prensa.
Caballero es la capital de Amambay, en la frontera seca, epicentro tradicional de la mafia del tráfico de marihuana y cocaína en su tránsito hacia los grandes mercados del Brasil y Argentina.
«El narcotráfico ordenó y pagó el atentado. Caballero está en sus manos. A ellos no les importa el estado de excepción. Son más poderosos que la policía», dijo el político sobreviviente.
Sus dos guardaespaldas murieron, víctimas de entre 40 y 60 impactos de bala dentro de la camioneta en la que viajaban.
Acevedo sufrió un impacto de bala en el brazo y otro cerca del ojo izquierdo, pero se encuentra estable.
Este martes fueron hallados los cadáveres de dos jóvenes de 20 años con antecedentes criminales en Iviya-ú, distante a 100 km de Pedro Juan Caballero.
Las víctimas son presumiblemente miembros de los grupos de sicarios que actúan en el lugar, informó el comisario policial Jorge López.
El presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, dijo el martes que no descarta que miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estén vinculados con el crimen.
«En esa región se alquilan gatillos con facilidad», subrayó.
Precisamente el Gobierno obtuvo del Congreso el voto positivo para establecer el estado de excepción por 30 días en los cinco departamentos citados.
El asesinato de 4 policías en Concepción hace 7 días a manos de supuestos miembros del EPP, de difusa confesión marxista, impulsó al presidente Lugo a solicitar la suspensión parcial de las garantías constitucionales.
«Estos fugitivos deben ser capturados. Todos los que habitamos esta tierra tenemos derecho a vivir tranquilos», dijo Lugo al fundamentar el estado de excepción, cuya vigencia de 60 días le fue rechazada por el Parlamento de mayoría opositora.
Nicanor Duarte, un ex presidente de Paraguay (2003/2008), acusó a Lugo de haber tenido vínculos con los cabecillas del EPP cuando se desempeñó 10 años como obispo católico del departamento de San Pedro.
Los cabecillas actuaban en aquel momento como presuntos seminaristas, según la versión de Duarte.
Por otro lado, los investigadores aseguran que los miembros del EPP fueron entrenados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y que serían responsables de la custodia de miles de hectáreas de cultivos de marihuana en las llamadas «zonas liberadas» del norte.
La droga se transporta en grandes cantidades a Brasil y a Argentina, y en gran parte es reexportado preferentemente a Europa.