En un reciente análisis realizado por dos consultores guatemaltecos contratados por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, acerca de la situación en que se encuentra el Congreso de la República, después del escándalo financiero que dejó en la banca rota a este Organismo del Estado con la desaparición de los Q82.8 millones, advirtieron los escenarios dantescos, en caso la Junta Directiva se quedara de brazos cruzados.

El obstáculo para mejorar la imagen del Congreso de la República, es el estado de debilidad extrema del aparato técnico administrativo del Organismo Legislativo, que favorece la confusión entre el Congreso como ente polí­tico, y el Congreso como aparato técnico administrativo, como consecuencia del largamente postergado proceso de reforma institucional y administrativo del Organismo Legislativo, sostienen los doctores Gustavo Porras y Ricardo Gómez.

Ambos profesionales señalan además que la agenda polí­tica de los medios de comunicación, también dominada en gran medida por intereses corporativos, no se orienta hacia la explicación integral y objetiva de la controversial situación, sino que se suma a su mantenimiento, al sesgar su abordaje, produciendo el desgaste continuado de la polí­tica, de los partidos y de los polí­ticos, sin proponer una solución integral y viable, que deje salvo la institucionalidad pública.

El origen del sesgo de esta situación, lo constituye entonces, según los consultores, la debilidad estructural del Organismo Legislativo, que en parte se fundamenta en la poca claridad en el marco normativo sobre los conceptos de Organismo Legislativo (aparato técnico-administrativo) y Congreso (instancia polí­tica), aunado a la carencia de un servicio civil institucional de carrera, de alta calidad profesional y técnica.

En ese análisis, se reconoce en buena medida que de la continuidad del proceso de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la República, ya en marcha, depende la superación de la actual crisis polí­tica o su profundización, en caso de no continuar el proceso de reforma institucional y administrativa del Organismo Legislativo.

A continuación una entrevista con el sociólogo Gustavo Porras, uno de los autores de este estudio, quien se refiere a las reformas a la Ley Orgánica que este martes el Congreso de la República aprobó con el apoyo de los doce bloques legislativos y diputados independientes y que se circunscriben únicamente al ámbito administrativo, sin embargo, existe el compromiso de los actuales directivos de continuar el proceso de la reforma institucional de este alto Organismo del Estado el año entrante, también en el ámbito legislativo.

P.: ¿Cuál es el posible escenario que ahora usted construirí­a con la aprobación de las reformas a la ley orgánica, que si bien es sólo el principio, porque debe trabajarse también mejoras en el ámbito del proceso de la ley, en el Organismo Legislativo lo ven como un avance importante, ya que todos estuvieron de acuerdo en deslindar la función administrativa a la función polí­tica, que implica renunciar a muchos privilegios y decisiones discrecionales?

R.: Trascendental en el más profundo sentido esta primera decisión del Congreso de la República para emprender su transformación interna, buscando eficiencia y transparencia. Digo esta primera decisión, porque yo estoy seguro que el proceso va a seguir adelante. Las separaciones entre las funciones meramente polí­ticas y legislativas del presidente del Congreso y de la Junta Directiva y las funciones administrativas y el nombramiento de un Director General reflejan precisamente algo que yo considero trascendente que es que en el sector polí­tico de Guatemala crece la conciencia de su papel.

Antes significaba una serie de prebendas, un recurso en ocasiones para negociar, porque el presidente podí­a disponer discrecionalmente para contrataciones y gastos, lo cual habí­a generado muchas reservas entre los diputados. El hecho que los diputados hayan superado esas reservas y hayan aprobado las reformas con 120 votos es un reflejo clarí­simo de esta tendencia que yo veo de lo más esperanzadora del fortalecimiento del sector polí­tico, cuya expresión más elevada es el Congreso de la República.

P.: ¿Cuál es su opinión de la figura del Director General y sus funciones que permite a los directivos dedicarse más al trabajo legislativo?

R.: Efectivamente, esta era una problemática en el Organismo Judicial y en los acuerdos de paz precisamente se recomendó separar sus funciones jurisdiccionales a las funciones administrativas del Poder Judicial. Era lo mismo a lo que está ocurriendo en el Congreso. La reforma en ese sentido no sólo le va a permitir al Presidente y a la Junta Directiva concentrarse más en sus funciones, sino estar al margen de gazapos y operaciones como del desví­o de los Q82.8 millones. La medida sienta bases institucionales muy importantes.

P.: ¿Cree usted que la reforma que permite a los diputados contratar a su personal de confianza, secretaria, ujier y asistente, bajo el renglón 0-22, acaba con las plazas fantasmas?

R.: Yo creo que si, porque aquí­ cada diputado asume personalmente el compromiso del personal que está contratando. Hay a quien exigirle cuentas. Ojalá que el proceso de transformación interna llegue también a una nueva ley del Servicio Civil, que permita la profesionalización del personal del Organismo Legislativo.

P.: Doctor, ¿le alcanzan al Congreso estas 23 reformas para superar la crisis polí­tica, ocasionada por la desaparición de los Q82.8 millones o también es fundamental la actitud de los directivos?

R.: Por supuesto, son las dos cosas. Como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano, aunque esto no es una golondrina, sino una medida de mucha trascendencia. En principio la ciudadaní­a deberí­a sentirse satisfecha, porque a diferencia de situaciones anteriores en lugar de esconder las cosas o buscar una salida fácil se le entra al fondo del asunto. Desafortunadamente el Congreso de la República es objeto de una campaña sistemática y permanente de desgaste. Los medios, especialmente escritos, están prestos a denunciar cualquier anomalí­a, pero no le dan suficiente relieve a medidas como éstas que recientemente se adoptó.

Obviamente en la ciudadaní­a consciente crea una expectativa positiva, ahora será tarea de los diputados ir confirmándola en la práctica. Yo creo que ese será el camino. Yo pienso que en Guatemala y en el Congreso de la República crece la conciencia de los partidos polí­ticos en el sentido de que más allá de sus diferencias tienen una serie de intereses comunes, el primero de ellos impulsar el bien común de los guatemaltecos y que el Congreso de la República con estas mayorí­as que ha logrado conformar, tanto para la elección de la Junta Directiva, como ahora para la transformación de su ley interna puede ir adoptando las medidas legales que en Guatemala no se han adoptado por la fuerza de los poderes de hecho que han influenciado en el Legislativo.

P.: ¿A qué atribuye usted las permanentes crí­ticas al Organismo Legislativo?

R.: En Guatemala aún hay mucha gente recalcitrante. El Estado ha sido visto enemigo por los poderes fácticos, principalmente por el poder económico y en esa medida se ha mantenido permanentemente una campaña de desprestigio general y del Congreso en particular. Del Congreso creo que es un blanco muy fácil. Es bien simple engañar a la gente diciéndole por ejemplo que discutir y conversar no es trabajar, efectivamente como se podrá imaginar un trabajador manual, pero vaya que lo es.

Vemos una tendencia permanente a presentar al Congreso y a los diputados como un organismo superfluo, de gente que lo único que hace es platicar, corrupta, etcétera, etcétera. El ataque sistemático también radica en que el Congreso por su propia naturaleza plural no ha podido ser cautivo de los poderes fácticos, de los poderes oligárquicos. De manera que el Congreso de la República ha mantenido una determinada independencia polí­tica que le resulta molesta a quienes por mucho tiempo han estado acostumbrados al derecho de picaporte e imponer su criterio por encima de la voluntad mayoritaria.

P.: ¿Cree que se han sobredimensionado los errores como seres humanos puedan cometer quienes han conducido el Congreso de la República?

R.: Ha habido errores de errores. Sin embargo, el problema de la desaparición de los Q82.8 millones, los responsables tienen nombres y apellidos, pero no se le proyecta de esa manera a la opinión pública. Se proyecta los diputados en general como responsables, incluso hay quienes se atreven a afirmar que el Congreso de la República es la institución más corrupta del Estado, cuando en realidad en el Organismo Legislativo no se manejan mayores recursos.

P.: ¿Por qué ese odio al Organismo Legislativo?

En Guatemala hay una incomprensión muy grande de la función parlamentaria. Desafortunadamente los medios no contribuyen a esclarecerle a la gente cuáles son las funciones de un Parlamento, más bien la confunden, por ejemplo, con la adjudicación de las obras. Muchos diputados pugnan para jalar obras a sus respectivos departamentos y en los medios se censura eso, afirmando que a los diputados sólo les corresponde legislar y fiscalizar. Si en algo ha beneficiado la democracia, principalmente en el área rural, es ese arrastre de obras que promueven quienes ostentan su representación en el Congreso de la República. Parte de su función es precisamente promover que la inversión pública se desparrame en todo el paí­s, y no tradicionalmente como ha sido sólo en la capital y en las cabeceras municipales.

Distinto totalmente es que un diputado no sólo logre que la obra llegue a su distrito, sino que también se las arregle para poner una empresa constructora, adjudicársela y con sobreprecio.

P.: ¿Cuál debe ser entonces la estrategia de comunicación con la población?

R.: En estos temas de fondo, la comunicación masiva algo aporta, pero es indispensable una comunicación directa que permita explicaciones de fondo y eso es para mí­ la tarea de los partidos polí­ticos. Yo creo que el hecho que las reformas a la Ley Interna del Congreso hayan sido aprobadas con tan amplia mayorí­a crea las condiciones para que cada uno de los partidos polí­ticos dentro de sus agendas cotidianas de trabajo tenga a bien ilustrar a su militancia sobre la importancia de estos cambios, de modo que sea la gente misma que contrarreste la propaganda negativa, tengan conciencia como dice el dicho, que entre bomberos no hay que machucarse la manguera, porque el Congreso de la República es la expresión más elevada del sistema polí­tico que los polí­ticos no podemos permitir que sea denigrado.

P.: ¿Estos cambios a la ley del Congreso y la reciente aprobación a la Ley de Acceso a la Información Pública contribuyen a la gobernabilidad?

R.: Mucho, porque efectivamente como hablábamos no va a ser de la noche a la mañana que se perciban estos cambios. Lo más importante es lo que está atrás de estos cambios, que haya en los diputados conciencia de su importancia, que es mejor renunciar a pequeños privilegios y realmente reorientarse a la consolidación del poder polí­tico. Esa capacidad de votar por encima de diferencias partidarias es lo que mejor puede contribuir no sólo a la gobernabilidad, sino al propio prestigio del Congreso de la República.

P.: ¿Cuál serí­a el balance del trabajo administrativo de la actual Junta Directiva?

R.: Desconozco los detalles, pero creo que estas medidas adoptadas, es el paso más importante que se ha dado en términos de mejorar el sistema administrativo del Congreso de la República.