El presidente peruano Alan García ordenó utilizar aviones de combate para «bombardear y ametrallar» las instalaciones de los narcotraficantes en la región amazónica de Perú, en momentos en que cocaleros y gobierno se enfrentan por el tema de la erradicación de la hoja de coca.
«Hay que terminar con la última poza de maceración, con el último aeropuerto clandestino; use usted los aviones A-37, bombardee, ametralle esos aeropuertos y esas pozas de maceración», urgió el mandatario a su ministro del Interior, Luis Alva Castro.
García advirtió que «si no matamos ahora el peligro del narcotráfico» Perú podría afrontar «una insurgencia como la de un país hermano», en alusión al caso de Colombia.
«El narcotráfico nos ennegrece, nos pone en la lista oscura de los países que venden veneno al mundo», subrayó.
«Hay que asfixiar la producción de la cocaína, esa es la mejor manera de orientar a los campesinos (sembradores de coca) a buscar alternativas en café o cacao. Se gana un poco menos pero se vive legalmente», anotó el mandatario.
García lanzó la orden de usar aviones de combate luego de afirmar la víspera que se acabó el plazo pactado de unas dos semanas con los cocaleros para suspender la erradicación forzosa de cultivos de coca, por lo que las autoridades debían reiniciar la destrucción de esos cultivos.
Por su parte, la congresista y dirigente cocalera, Elsa Malpartida, dijo: «creo que la lucha que está iniciando el gobierno contra el narcotráfico, como ordenar bombardear las pozas de maceración está perfecto, pero paralelamente deben empezarse a empadronar a los campesinos cocaleros para ver quien es quien».
Malpartida señaló también que deben «bombardearse» las fábricas de insumos químicos que mucho daño causan a la humanidad, porque al llegar a las cuencas cocaleras se elabora la droga.
El sensible tema de la erradicación de las hojas volvió a enervar a los cocaleros, que realizaron un paro en la central región selvática de Tocache, resuelto finalmente con un acuerdo firmado con el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, que anunciaba una suspensión temporal de la misma y un empadronamiento de los cultivadores.
Con base en ese acuerdo, el domingo el influyente congresista y secretario general del oficialista partido Aprista, Mauricio Mulder, opinó que debería ampliarse el plazo de suspensión de la erradicación para empadronar.
Este lunes el dirigente cocalero Nelson Palomino reclamó diálogo y negociación antes de reiniciar la erradicación, a la vez que rechazó «la imposición de la política norteamericana para erradicar los cultivos violentando los derechos de las personas».
«Hay un incumplimiento del gobierno, que se comprometió a empadronar a los agricultores», dijo el dirigente a la emisora limeña RPP.
El ministro Salazar coincidió con Palomino y dijo que debe mantenerse una política de diálogo e intercambio de posiciones.
Las posiciones de Mulder y de Salazar, contrarias a la del mandatario, fueron consideradas como un choque de posiciones en la cúpula del gobierno sobre el tema cocalero.
El experto en desarrollo rural y narcotráfico Hugo Cabieses estimó que el presidente con su reciente postura «está haciendo buena» letra para su próxima reunión con el presidente norteamericano George W. Bush el 23 de abril en Washington, mostrando que Perú tiene una política antidrogas.
Cabieses sostuvo sin embargo que al gobierno no le queda otro camino que dialogar y escuchar a los agricultores «y no hacer caso a los cantos de sirena que vienen de la embajada estadounidense».
La sede diplomática estadounidense manifestó su preocupación cuando se firmó hace dos semanas el acuerdo que suspendía la erradicación de cocales.
Perú produce unas 105.000 toneladas de hoja de coca, de las cuales unas 8.000 o 9.O00 son legales y el resto (más del 93%) va al narcotráfico, según expertos.