Se supone que los políticos en general y, sobre todo, los gobernantes en particular, tendrían que ser conocedores profundos de las cuestiones de Estado pero en la práctica lo que podemos notar, a lo largo de nuestra historia, es que por lo general quienes llegan al poder no tienen noción de su responsabilidad porque su único tema, en el que les abunda experiencia y sacan colmillo rápido, es el negocio que se puede hacer con los recursos públicos.
Por ello las cuestiones de Estado no reciben la atención debida ni son parte de la agenda de nuestros políticos o de nuestros gobernantes. Si algo se tendría que considerar como cuestión de Estado es el establecimiento de modelos de servicio público de transporte de pasajeros que sean fundamentalmente dignos y seguros, pero para ello habría que terminar con la mafia existente entre los llamados empresarios del transporte y los mismos políticos que ha perpetuado un sistema caro (tomando en cuenta el subsidio), ineficiente, inseguro y denigrante para el usuario.
Ni en las Municipalidades ni en el Gobierno central existe conciencia sobre lo relevante que es este tema para millones de guatemaltecos que todos los días necesitan de los autobuses y microbuses para movilizarse a sus actividades cotidianas, recorriendo distancias cada vez más largas en rutas que también reciben cada vez menos mantenimiento y con unidades que han superado con mucho la vida útil para la que fueron diseñadas y fabricadas.
Y como el tema no es asunto de Estado ni causa verdadera preocupación, cada vez que hay un serio y mortal percance se activa el mecanismo de repudio de la población, al que se suman nuestros funcionarios y políticos, pero que tiene cortísima duración y en menos de una semana el asunto vuelve a quedar como estaba, sin que nadie se recuerde o sin que a alguien le remuerda la conciencia por las vidas perdidas y por las que seguramente se perderán.
El Presidente de la República tiene que encomendar a alguien ya, con carácter urgente, que se haga cargo de promulgar una política para el transporte de pasajeros a nivel nacional, advirtiendo a quien reciba la designación que es una tarea para ayer, porque ya llevamos demasiadas décadas perdidas por la ausencia de una normativa inteligente y decente de un servicio público cuya importancia y necesidad no hace falta resaltar.
El transporte masivo de pasajeros es un servicio público esencial y así lo tiene que conceptualizar y manejar el Estado. Si se otorgan concesiones, tienen que ser reguladas pensando en el usuario y no como aquí, donde el único sujeto que les interesa a los políticos es el transportista que les acarrea votos.
Minutero:
Recuérdese, Presidente,
de los muertos del camionetazo;
si lo tiene siempre presente
sabrá que es muy corto su plazo