La dirección de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) fue asumida este martes por Elizabeth Quiroa Cuellar, quien fue nombrada por el Presidente de la República para representar a esta institución durante cuatro años.

De acuerdo con la información, durante la toma de posesión Quiroa indicó que trabajará principalmente en el empoderamiento económico de las mujeres, pues sin este aspecto no se puede avanzar en los derechos humanos.

A decir de la nueva Secretaria Presidencial de la Mujer, se debe sacar a las mujeres de la pobreza y extrema pobreza, por lo que desde el gobierno se necesita empoderarlas para que puedan decir no y que pongan un alto a la violencia.

Quiroa dijo que si las mujeres no tienen los medios para salir adelante, continuarán soportando las agresiones y ese círculo perverso de la violencia seguirá de generación en generación.

La participación política de la población femenina en la toma de decisiones, específicamente en los puestos de las instituciones, no debe politizarse bajo ningún esquema, pues estas entidades son un bien público, un bien nacional y deben servir a la nación, dijo la profesional, quien tienen una conocida trayectoria de trabajo a favor de los derechos de las mujeres en Guatemala.

Según la funcionaria, los esfuerzos particulares serán servir al pueblo y afirmó su compromiso de seguir trabajando por la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.

Quiroa subrayó que todos los esfuerzos se concentrarán para generar oportunidades y crear mejores condiciones de vida a las mujeres, además indicó que la equidad se debe buscar en un marco de comprensión y respeto.

Por su parte, Sonia Escobedo, autoridad saliente, hizo entrega de los procesos más importantes que se realizaron durante la gestión 2008-2011, entre ellos el “Manual de la Institucionalización de la Perspectiva de Género y Étnica para el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Organismo Ejecutivo”, que da los parámetros para coordinar con las instituciones públicas el trabajo en materia de derechos