Luego del anuncio del presidente Colom respecto a la prohibición para que las entidades públicas utilizaran a Organizaciones No Gubernamentales para ejecutar el gasto público, se produjo una avalancha de aplausos porque todos, incluyendo al mandatario, sabíamos el tipo de corrupción que gira alrededor de esos negocios. Pero en el Congreso decidieron que para hacer efectiva la decisión, tenía que ser aprobada por los diputados, lo que significa en otras palabras que las ONG seguirán manejando dinero público porque es la forma en que muchos diputados hacen parte de sus negocios.
Desde el principio sospechamos que era un pulso entre el Gobierno y los diputados que le chantajean para aprobar las iniciativas oficiales, pero se corroboró la sospecha con el anuncio que hicieron los mismos diputados oficialistas en el sentido de que se tendrá que aprobar una ley para que las ONG dejen de ser el canal mediante el cual se orienta buena parte de las obra públicas. Queda, sin embargo, algo positivo porque al hacer su anuncio el presidente ílvaro Colom reconoció de manera tajante y pública que esas operaciones sirven para encubrir la millonaria corrupción que empobrece a Guatemala. Y pocas entidades se salvan del uso y abuso de las ONG para gastar su dinero y en la misma Presidencia de la República se ha recurrido a ellas con cuestiones como las célebres magdalenas navideñas. Admitida la existencia de corrupción mediante el uso de mecanismos que pretenden agilizar el gasto pero que en la práctica lo único que realmente hacen es encubrir malos manejos, es obligado que los ciudadanos tomemos cartas en el asunto y asumamos con responsabilidad la determinación de luchar por la transparencia. Y no basta con ponerle el dedo a los poquiteros que trabajan con las ONG, sino que hay necesitad de entrarle también a los grandes negocios corruptos que recurren a los fideicomisos para el mismo fin, es decir, para encubrir las operaciones e imposibilitar la fiscalización. De entrada el Presidente tiene que emitir la norma administrativa que prohíba el uso de las ONG y con ello cumplir con su palabra porque es obvio que las mismas están siendo más dañinas que beneficiosas porque arman una telaraña de tal magnitud que la disfuncional Contraloría de Cuentas jamás podrá seguirle la pista al dinero. Dejar que el asunto caiga en manos del Congreso, con la lentitud que hay para aprobar cualquier ley y más aún alguna que pueda afectar intereses de los diputados, es condenar a muerte la iniciativa porque pesará siempre más el interés personal de los legisladores que hacen dinero con ellas que el interés nacional por combatir la corrupción. Y, repetimos, mientras no se haga algo con los fideicomisos, el tema de la transparencia será materia pendiente.