Circula por internet el documento firmado por Esthela de Matta viuda de Furlán, en nombre de Asociación de viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala, Asomilgua. Es cierto que las viudas de militares tienen el mismo derecho que otros ciudadanos de llevar casos ante la justicia del paí­s; pero debe ser en búsqueda de la justicia y no como acción contra Claudia Paz y Paz, precisamente cuando dicha funcionaria ha abierto causas por crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra cometidos por altos jefes militares. Asomilgua no busca así­ justicia sino desvirtuar las actuaciones ejemplares del Ministerio Público contra la impunidad.

La querella del 29 de noviembre no se equipara con los casos reales abiertos por genocidio, tortura, desaparición forzada y otros crí­menes imprescriptibles cometidos por altos oficiales del Ejército. De hecho, se trata de una acusación, sin pruebas, que, de manera generalizada, se dirige contra 36 exmiembros de organizaciones revolucionarias. De presentarse pruebas concretas, como se exige a las ví­ctimas de los crí­menes de los militares, se tendrí­an que analizar éstas a la luz de las leyes aprobadas por el Congreso para la reinserción de la URNG y, más importante, del derecho humanitario internacional y los derechos humanos. Ni el Gobierno de Guatemala ni la URNG aceptaron la impunidad por los crí­menes de lesa humanidad que se hubiesen cometido, pero el proceso debe cumplir los requerimientos jurí­dicos correspondientes. La carga de la prueba no recae en el Ministerio Público; es responsabilidad de los demandantes.

Si analizamos los 47 “hechos de terror” que expone Asomilgua, más de 2/3 fueron actos de guerra. Ningún guerrillero ni sus familiares han planteado demandas contra el Ejército por los caí­dos en combate, aun en casos de enorme desventaja numérica como las casas de seguridad asaltadas en diversas zonas de la capital. Hay pocos casos de los 47 en que las consecuencias las sufrieron civiles o los atacados no eran miembros activos del Ejército, si bien algunos tení­an gran responsabilidad en los crí­menes que dí­a a dí­a cometí­an las fuerzas armadas y de seguridad. Todo ello tendrí­a que ser ventilado en los tribunales, así­ como la explosión de artefactos. Sí­ llama la atención que se presente el caso 20. La historia real es que, debido a que ya se habí­an producido en 1980 cientos de asesinatos y desapariciones de universitarios, una muchedumbre capturó a la “ví­ctima”, luego de que intentara con su “escuadrón de la muerte” secuestrar a un estudiante de ingenierí­a y lo dejara  moribundo con un balazo en el pecho. Pese a los esfuerzos de universitarios para que se entregara el capturado a la Policí­a, la turba terminó quemándolo.

Resulta inconcebible, particularmente porque Asomilgua utiliza los archivos militares que nadie más logra hacer aparecer, que se confeccione una lista de “acusados” del EGP y del PGT, sin relacionarlos especí­ficamente con cada uno de los casos. Todas estas personas son inocentes en tanto no se demuestre lo contrario. Todo esto es muy distinto de los crí­menes cometidos por el Ejército, para los cuales sus oficiales han aceptado la responsabilidad colectiva, tal como ha quedado demostrado en “Guatemala: Memoria del Silencio”. La impunidad debe desaparecer y hay que comenzar por los crí­menes de lesa humanidad y de guerra.