Al definir la conformación de la Junta Monetaria, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que debe haber un representante titular y un suplente electo por las «asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura», sin especificar cuáles son las asociaciones que tienen derecho a elegir. Durante muchos años esa representación la ejercitaron las cámaras de comercio, de industria y del agro, aunque hay que recordar que hace muchos años existía una cámara de comercio e industria que luego se dividió por decisión de los mismos empresarios en las dos que hoy conocemos.
Pero de acuerdo con la letra de la Constitución, cualquier asociación de comerciantes, industriales o agricultores tiene idéntico derecho a participar en la elección y bastaría con acreditar la inscripción legal de cualquier forma de asociación para participar en el proceso. De hecho eso es lo que hicieron ahora las cooperativas que aglutinan en su seno a comerciantes, industriales y agricultores, por lo que reclamaron igual derecho al que tienen las cámaras, pero hay que señalar que de acuerdo con el texto constitucional, de ninguna manera puede considerarse restrictivo tal derecho a quienes lo ejercitaron durante muchos años y los que lo hicieron en esta última elección porque cualquier grupo legalmente constituido de empresarios puede participar.
Eso nos debiera llevar a que los grupos que aspiran a tener representación en la Junta Monetaria postulen a técnicos de reconocido prestigio en vez de postular a miembros de sus entidades que se eternizan en el ejercicio de la representación con la finalidad de actuar siempre en defensa de los intereses del sector que representan.
Además, durante buena parte de los últimos años hay que decir que quienes llegan a la Junta Monetaria en nombre del Estado han sido, en la práctica y de hecho, representantes del mismo empresariado por lo que las políticas han sido las que más convienen a ese sector y rara vez se ha visto alguna controversia entre el sector público y el privado.
Debiera aspirarse a que la conformación de la Junta Monetaria fuera cada vez más técnica y menos sectorial para que las decisiones fueran las que en materia económica le convienen al país y no a uno de los sectores que conforman esa instancia.
Para el CACIF, por supuesto, la pérdida de representación formal de todos los empresarios del país es un revés porque hace mucho tiempo que no se cuestionaba el ejercicio de ese papel asignado a las cámaras para que actuaran en nombre de todos los empresarios de las distintas actividades económicas, pero la letra de la Constitución deja espacio a una más variada y plural representación.