Anabella Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, dijo en declaraciones a la Prensa que apoyarán a José Eduardo Cojulum, Juez Undécimo Penal, por la suspensión que ordenó el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) contra el juzgador.

De acuerdo con Cardona, están a la espera de que Cojulum se acerque para iniciar a conocer el proceso y así dilucidar por qué se adjudicó sanción al juez.

Según lo indicado por la Presidenta de la Asociación, la sanción emitida por el CANG no tiene peso sobre el actuar del juez dentro de la Torre de Tribunales, ya que quien regula estos asuntos de ética es la  Junta de Disciplina Judicial.

HECHO PASADO
A decir de Cardona, la acusación que el CANG le imputa a Cojulum se dio en 2003, por lo que le parece raro que pasados casi diez años el tema se esté retomando, dado que el afectado pudo haber recusado hace mucho tiempo.

De acuerdo con la sentencia, el juzgador, quien en el 2003 fungió como  presidente del Tribunal Tercero de Sentencia, faltó al Código de Ética Profesional, en vista que en dicho período sentenció a Jaime Antonio Barrios Coronado por caso especial de estafa, quien denunció al juez y al litigante Jorge Alfredo Sactic Estrada.

Según la denuncia presentada por Barrios Coronado, el Tribunal de Honor del CANG expresó que el juez sí violentó el debido proceso, ya que al tener vínculos con Sactic debió excusarse. En el mencionado caso, Sactic defendió a  Walter Adrián Ruiz Pérez.

El anterior tribunal que debía dar proceso a esta irregularidad estuvo conformado por Saúl Zenteno Téllez, vicepresidente; José Alejandro Córdova, secretario; Karen Jaqueline Sierra, Godofredo Moreira Álvarez, Allan Taylor Santos y Luis Arturo Archila Álvarez, vocales titulares y suplentes

JUECES DE LA IMPUNIDAD
Cardona resaltó que la suspensión de Cojulum parece coincidir con las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realiza a varios jueces a quienes acusa de impunidad, entre los que figura el juez undécimo.

Meses atrás, al momento de presentar el informe al Ministerio Público, Francisco Dall’Anese sindicó a José Eduardo Cojulum de emitir «resoluciones que han favorecido a un poder difuso», por lo que aseguró que esto no se quedaría como una denuncia sino que se investigaría y se daría seguimiento para lograr que se haga justicia, refirió.

En declaraciones dadas a la agencia de noticias EFE, Dall’Anese, el año pasado, dijo que al hacer público el informe la pelota quedaba en la cancha de la Fiscalía. “Estamos pidiendo que se abran causas penales y que se dicte prisión a estos jueces», indicó.

SEIS MESES
Pasarán seis meses antes de que Cojulum pueda volver a ejercer la abogacía, además de verse obligado a pagar una multa de Q5 mil 40. Mientras tanto, el juez sigue sin pronunciarse al respecto.