La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), no está en total acuerdo con la propuesta de reformas a la Constitución, presentadas por el Ejecutivo, ya que consideran que dentro de las mismas hay aspectos no se apegan a las necesidades reales de la entidad.
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Haroldo Vásquez, presidente de la asociación, manifestó que dentro de la propuesta de cambios a la Carta Magna que el Ejecutivo planteó, hay puntos en donde se afectan los principios de la independencia judicial, y que se rompen las posibilidades de que jueces de carrera puedan llegar más lejos.
Uno de los puntos en que discrepan con Otto Pérez Molina y su propuesta, es en la creación del Consejo Superior del Organismo Judicial, del cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también han manifestado su inconformidad.
En la propuesta de reformas a la Constitución, el artículo 209, se indica que el Consejo Superior del Organismo Judicial, es el órgano colegiado supremo de dirección administrativa, financiera, organizacional y laboral del Organismo Judicial. Asimismo, le compete el nombramiento de los magistrados de la Corte de Apelaciones y de los demás tribunales colegiados de igual categoría, así como de los auxiliares de justicia y el personal de las unidades administrativas del Organismo Judicial. Los integrantes del Consejo, serían electos por el Congreso.
En relación a esto, plantean que se afecta la independencia judicial, porque le permitía injerencia a otro poder del Estado. Tampoco coinciden en la creación de la Cámara Administrativa.
HASTA LA CSJ
Pero, el punto medular del desacuerdo del AJMOJ, según Vásquez, es que no se amplíen las condiciones de la carrera judicial con escenarios que les permitan a los jueces llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la actualidad, para ingresar en la carrera judicial se inicia por oposición, explicó. Se toma un examen del Instituto de Estudios Judiciales, que al ser aprobado le permite al togado ser nombrado juez de Paz. Luego de esto, por méritos profesionales puede llegar a ser jueces de primera instancia. Todo esto, bajo la auditoria del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).
Pero después, para ascender a Magistrados de Sala de Apelaciones, la carrera judicial se desliga de los juzgadores, y los delega a las Comisiones de Postulación y al Congreso de la República.
En la propuesta de Pérez Molina, se plantea que para magistrados de Sala, un 80% debe ser nombrado por el CCJ, y el 20% restante sea nombrado por el Consejo Superior del OJ.
A esto, Vásquez manifestó que pretenden que también el CCJ analice los méritos de los jueces de carrera para que les permita llegar a ser magistrados de la CSJ, “que al menos un 50% de los magistrados de Corte, sean jueces del OJ”.
“Si son 13 magistrados, que por lo menos 6 sean jueces o magistrados de Sala, para que así a los togados se les reconozca su capacidad, sus estudios, su experiencia”, acotó.
De acuerdo con su criterio, quienes ya están “dentro del organismo, son quienes conocen a fondo sus necesidades”. Es por eso que consideran que las reformas a la constitución deben discutirse para ampliar la efectividad ante los principales requerimientos del Poder Judicial.
Para el efecto, indicó que ya están teniendo acercamientos con la mesa de discusión de reformas constitucionales del Congreso de la República, para hacer constar su postura, y que no están de acuerdo en cuanto a la forma en que se piensan conseguir los cambios.
Jueces vitalicios
“Lo vitalicio ya está implícito”, dijo Ronald Colindres, titular del Consejo de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al ser consultado respecto a las nuevas propuestas para implementar en la carrera judicial. De acuerdo con el magistrado, si los actuales juzgadores cumplen los con los parámetros establecidos en la Ley de la Carrera Judicial, pueden continuar en su puesto hasta llegar a jubilarse, “eso es lo que se espera”, mencionó. También habló sobre la reforma al reglamento interno del Organismo Judicial (OJ), para la evaluación de los administradores de justicia, donde esperan ser “más objetivos con las sanciones” no precisamente más severos.