Hace un año el entonces Ministro de Finanzas filtró a la prensa información de que habí­a una corriente dirigida por la esposa del Presidente para que no se aprobara el nuevo presupuesto porque en el mismo se contemplaba la implementación de candados para impedir las transferencias que de manera grosera se hacen de una partida a las que maneja el Consejo de Cohesión Social. Hasta se llegó a decir que el ministro Fuentes Knight podrí­a renunciar al cargo si no se aprobaba el presupuesto dado su compromiso con las entidades internacionales para mantener un régimen de disciplina fiscal, en lo que evidentemente era una medida para presionar al Congreso a que aprobara, como debe ser, el Presupuesto para el año 2010.

El problema de fondo sigue siendo que el Congreso tiene que establecer controles y candados para impedir que se tome la aprobación del presupuesto como un cheque en blanco para que, una vez consumado el voto favorable, administrativamente se proceda a hacer micos y pericos mediante las transferencias de un ministerio a otro o, como es ahora el caso, de todos los ministerios hacia los programas que maneja la señora de Colom que es, además, la virtual candidata presidencial del oficialismo y que, por lo tanto, requerirá de muchos más recursos para afianzar sus programas generadores de votos.

Poco le importa al Congreso y a la gente que sigue instrucciones precisas que nuestro paí­s se muestre como un Estado incapaz de cumplir con los mandatos constitucionales que obligan a que el Congreso apruebe anualmente el Presupuesto General de la Nación con especificación precisa de rubros y partidas. Poco importa que la disciplina fiscal se pierda desde el mismo momento en que no tenemos ni siquiera la capacidad de disponer de un Presupuesto aprobado de acuerdo con las estimaciones para 2011.

Ya se demostró que a tragos y rempujones pueden trabajar con el presupuesto de 2009, aún en situación de emergencia como la provocada por los desastres naturales y que, sin candados, los programas asistencialistas que pueden generar votos no se van a quedar sin dinero, mientras que si la oposición logra meter mano en el presupuesto para establecer controles y candados, pueden tener más dificultad para hacer micos y pericos con los recursos públicos.

Por ello la lógica de no aprobar presupuesto no sólo demuestra un profundo irrespeto a las normas del paí­s, sino especialmente evidencia que lo más importante en todo este asunto es impedir que pueda haber algún instrumento de control para que se mantenga el destino que el Congreso establece, al momento de la aprobación, para los fondos públicos. Y es que desde que se empezaron a piñatizar los fondos del Ministerio de la Defensa para que los gastos militares sustituyeran a los confidenciales, la práctica inmoral de transferir fondos se ha convertido en fuente de corrupción y anula, además, la autoridad del Congreso de la República establecida constitucionalmente para decidir anualmente el destino de los recursos del Estado y un Presupuesto basado en estimaciones reales sobre la recaudación.