La actual asesora jurídica de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Leyla Lemus, reconoció que representó legalmente a la Unidad de Conservación Vial (Covial) y en esa dependencia autorizó contratos de obras de infraestructura que ahora forman parte de la cuestionada deuda flotante.
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Lemus se defendió de los señalamientos que hizo esta semana la diputada Nineth Montenegro y aseguró que nunca ha sido representante legal de empresas contratistas del Estado, como lo señaló el pasado miércoles la legisladora.
La abogada dijo que trabajó para Covial, donde era la encargada de autorizar los contratos “como notaria” y esa es la razón por la que su nombre figura en documentos relacionados con la deuda flotante.
En los últimos años, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) adquirió una deuda –sin respaldo financiero y considerada ilegal– por Q3.39 millardos, y por eso Montenegro investiga la documentación de la cartera.
La deuda flotante de Covial, entidad a la que perteneció Lemus, asciende a Q1,7 millardos, según información del Micivi.
Montenegro dijo que existía la posibilidad de que la asesora jurídica de la Contraloría tuviera una relación con las empresas contratadas en el 2009, pero de acuerdo con Lemus, nunca ha sido representante legal de una empresa y que su nombre aparece en ese listado ya que ella era la notaria del fideicomiso en dicha fecha y por eso “autorizaba los contratos”.
SIN RESPALDO
La asesora jurídica de la CGC indicó que las obras no poseen códigos del Sistema Nacional de Inversión Pública, ya que en el 2009 no estaba normada esta medida.
Al cuestionarla sobre la autorización de obras que en aquel tiempo no tenían respaldo financiero, Lemus contestó que ella desconocía esa información, ya que era un asunto de orden administrativo en Covial.
“El 2009 fue el único año que trabajé como Notaria para Covial”, aseveró la asesora jurídica de la CGC.
Lemus aseguró que no podría haber conflicto de intereses en su trabajo actual en la Contraloría –que audita las obras de Covial–, ya que no es responsable de auditar, sino de coordinar el trabajo de abogados.
Esto debido a que actualmente el grupo de abogados que coordina Lemus son los responsables del seguimiento a la denuncia que interpuso la CGC al MP por los Q11 mil millones de deuda adquirida sin respaldo financiero en el ministerio de Comunicación, al cual pertenece el CIV.
La asesora jurídica dijo que los señalamientos que hizo Montenegro no se deban a conflictos personales entre ambas y agregó que le pareció “extraño” que la congresista se alarmara porque dichos contratos de obras fueron adquiridas sin SNIP, ya que en el 2010 surge la obligatoriedad del uso de este sistema.