Según datos estadí­sticos, se estima que sólo en el 2007 se registraron más de 536 muertes violentas en contra de mujeres, niñas y adolescentes, en comparación del 2006, año en el que se registraron 429 casos.

La Secretarí­a Presidencial de la Mujer (Seprem) presentó un informe de los casos estadí­sticos de asesinatos en contra de mujeres, niñas y adolescentes, en donde estiman que de más de los tres mil casos de asesinatos, solamente se han realizado cien juicios en contra de sus agresores.

Gabriela Núñez, secretaria de Seprem, comentó que son datos alarmantes y que a pesar de que dicho ente busca erradicar de alguna manera este flagelo que afecta a la sociedad, se impulsaron polí­ticas nacionales de promoción y desarrollo para las mujeres guatemaltecas.

Núñez manifiesta que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema social que debe ser abordado desde el sector público con medidas, no sólo de prevención y atención a las ví­ctimas de violencia, sino que puedan estar establecidos programas y proyectos que les ayuden a salir avantes, y con la entrada de la CICIG también se pueda tener un mejor resultado en los juicios y condenas en contra de los victimarios.

Sin embargo, según datos proporcionados por organizaciones, señalan que algunos municipios del paí­s también son los que más casos de violencia en contra de las féminas han mostrado, siendo estos los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacapa e Izabal.

Asimismo, un estudio que realizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que la violencia basada en género afecta a una de cada tres mujeres, manifestándose en los ámbitos fí­sico, sexual, psicológico y económico. Afectando la integridad de la vida de las mujeres que la sufren en todas las etapas de su vida.

Sin descartar que el asesinato de las mujeres muestra una forma extrema de violencia que marca los niveles más violentos experimentados por las mujeres en múltiples formas de discriminación y dominación en el espacio familiar, laboral, comunitario y nacional.

Siendo este un impacto negativo hacia la población, como también en la vida de las mujeres, sus familias, sus comunidades y la ciudadaní­a.