Este año, se dio en el país un repunte de crímenes contra activistas, dirigentes campesinos e indígenas de diferentes organizaciones sociales, que demandan al Estado de Guatemala esclarecer los graves crímenes.
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En lo que va del año, han sido asesinados ocho activistas sociales, lo que demuestra una escalada en la violencia sistemática contra este sector que se caracteriza por las luchas comunitarias y las denuncias de violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos, entre otras.
Las organizaciones afectadas han solicitado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigar lo asesinatos contra estas personas, a lo que la entidad internacional accedió.
CRONOLOGíA
Los informes del Frente Nacional de Lucha (FNL) indican que los crímenes contra activistas perpetrados este año se cometieron así:
El jueves 30 de abril el dirigente comunitario Jorge Humberto Andrade es asesinado en la comunidad El Pensamiento, de la zona del Chuvá, Quetzaltenango, cuando se dirigía con su esposa gravemente enferma al hospital.
El 29 de agosto es ultimado a tiros el dirigente Armando Hernández, líder comunitario de la aldea Las Pilas, Retalhuleu.
El 19 de septiembre de 2009, en Ixcán, un grupo de sicarios matan a tiros a Julio Pop Choc, dirigente de la filial del Sindicato de Salud de esa comunidad. Los criminales lo ejecutan en presencia de su esposa. El 27 del mismo mes es asesinado en El Estor, Izabal, el profesor Adolfo Ich, dirigente de la Comunidad de Las Nubes.
El 12 de octubre asesinan a Gilmer Orlando Boror Zet, dirigente comunitario de San Juan Sacatepéquez, quien participaba en una marcha popular contra la imposición de las operaciones de exploración, explotación y fabricación cementera.
El 19, 22 y 24 de octubre son asesinados René Fuentes, en San Marcos; Roberto Castellanos Pineda, en San Andrés Villa; y Víctor Gálvez, en Malacatán; respectivamente.
INCREMENTO
Roberto Madriz, dirigente del Frente Nacional de Lucha (FNL), explica que los crímenes contra los miembros de las organizaciones sociales y populares tienen carácter político, ya que en muchos de los casos las víctimas habían sido amenazadas.
«Este año ha habido un repunte enorme, una escalada represiva en contra de dirigentes y eso se debe a que las organizaciones populares han ido cobrando fuerza y eso asusta a los que durante años han sido explotadores del pueblo», expresó Madriz.
El entrevistado agregó que los ataques podrían venir «de aquellos que en el marco de los 36 años aprendieron a resolver sus diferencias por la fuerza bruta y no por medio del diálogo» y que ese tipo de violencia es una herencia de la guerra.
El activista agregó que los asesinatos muestran ciertas características: «Apuntan a dirigentes de luchas de relevancia contra la minería y a favor de derecho del pueblo a la tierra»; además, «siempre pasan en la total impunidad» y «en todos los casos el Ministerio Público los atribuye a delincuencia común», indicó.
CRISIS
ílvaro Ramazzini, de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, declaró que en ese departamento se ha incrementado la violencia a través de los secuestros, las extorsiones y los asesinatos.
Ramazzini se refirió al asesinato del dirigente Víctor Gálvez, quien fue asesinado el pasado 24 de octubre en esa comunidad frente a la mirada de decenas de testigos.
«Víctor fue un hombre honesto, noble que sentí en carne propia y en su corazón el sufrimiento de su pueblo, siendo un luchador incansable para que las comunidades de Malacatán tuvieran un futuro más digno», declaró Ramazzini.
El obispo explicó que en muchos casos este tipo de violencia «se debe a la corrupción en la Policía Nacional Civil y la deficiencia en las investigaciones para descubrir a los responsables de esos hechos, la falta de presupuesto y de un sistema eficaz que garantice seguridad a los testigos», citó entre otros aspectos.
El obispo también pidió a la CICIG el esclarecimiento de ese asesinato y al Ministerio de Gobernación fortalecer a la PNC para que esta garantice la seguridad ciudadana y que resolviera «urgentemente» la problemática de energía eléctrica de la región.
INVESTIGACIí“N
Durante una reunión que se llevó a cabo entre organizaciones sociales y la CICIG, la instancia internacional se comprometió a dar apoyo a las investigaciones por la muerte contra los más de 30 activistas que han sido asesinados en los últimos años.
Los casos que investigaría la CICIG no se refieren únicamente a crímenes contra la vida, ya que las organizaciones han denunciado secuestros, desapariciones, amenazas y violaciones a los derechos humanos contra activistas y líderes comunitarios.
La CICIG ve la posibilidad de que hay grupos clandestinos que están detrás de esas muertes; lo cual es compartido por las organizaciones denunciantes.
Carlos Castresana, jefe de la CICIG declaró que se harían cargo de los documentos e informaciones que referían la ejecución de más de 20 asesinatos de líderes sindicales y campesinos que no han tenido respuesta alguna de las autoridades judiciales.
Entre los casos que las organizaciones sociales pidieron a CICIG investigar están:
Las masacres en la finca Nueva Linda, Retalhuleu, el 31 de agosto de 2004.
El asesinato de Raúl Castro Bocel, perpetrado el 25 de febrero de 2005.
La ejecución de siete campesinos en la finca El Corozo, en enero de 2005.
Juan López Velázquez y Florentín Gudiel, asesinados en marzo de 2005.
Las desapariciones de Héctor Reyes y í“scar Duarte, ocurridas en 2006.
Los asesinatos cometidos contra Pedro Zamora, Israel Carías, Matías Mejía, Salvador Del Cid, í“scar Alberto Chatá, Rosalío Lorenzo y Juan Xolajá, en 2007.
Las muertes de Mario Caal, Sergio García, Eleázar Bernabé Hernández, Mario René Gámez, Juan Luis Navarro, Romero Estacuy y Armando Sánchez, en 2008.