Asesinato y trata de seres humanos. El caso de Michelle (II)


El asesinato de Alba Michelle España Dí­az es un caso inmerso en la trata de personas, según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en 2000 por 147 paí­ses -entre ellos Guatemala- en Palermo, Italia. A la menor Alba Michelle sus captores la engañaron, aplicaron fuerza para raptarla, y hubo abuso de poder. Los criminales aprovecharon la vulnerabilidad de una menor de edad (tení­a 8 años) y, posteriormente, la asesinaron a golpes.

Carlos Cáceres

¿Cuál fue el móvil para efectuar este crimen? Las dos hermanas Interiano Recinos -condenadas después de realizarse un juicio, de acuerdo a las leyes guatemaltecas- recibirí­an 20 mil quetzales cuando entregaran a Michelle «a una señora de Chiquimula», como lo aceptaron en el proceso. El inicial destino de Michelle era el prostí­bulo propiedad de la señora Dolores Karla Elizabeth Morales Jiménez, conocida como Lola La Picolino: regente de prostitutas, se mueve con impunidad en Chiquimula. Agentes de la División de Investigaciones Criminales la vinculan a ella, a cinco de sus guardaespaldas y otros delincuentes, en el desarrollo del crimen. Testigos que declararon durante el juicio señalaron a Lola La Picolino como la responsable en la compra y venta de menores de edad.

Pobladores de Camotán informaron a diversos medios de comunicación que la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Camotán, ha recibido denuncias con relación a la desaparición de menores de edad en ese municipio. Nadie ignora las deficiencias de la policí­a de Camotán para realizar una investigación criminal. Pero es difí­cil aceptar el hecho de no hacer nada. Permanecer inmóviles cuando ciudadanos y ciudadanas han presentado denuncias. ¿Reciben dinero por ser sólo observadores? Este es un factor que incluye a las autoridades de Chiquimula: el prostí­bulo de Lola La Picolino no ha sido investigado a pesar de lo expuesto en el juicio y testigos denunciaron -bajo juramento- a la dueña del mismo y sus cómplices. Es importante destacar el Informe sobre Trata de Personas 2006 del Departamento de Estado de los Estados unidos: «La trata de seres humanos socava aún más los esfuerzos de los gobiernos para ejercer su autoridad, lo cual hace peligrar la seguridad de las poblaciones vulnerables. Muchos gobiernos son incapaces de proteger a mujeres y niños que son secuestrados de hogares y escuelas o campos de refugiados. Además, los sobornos que se pagan a las autoridades policiales, de inmigración y los funcionarios judiciales obstaculizan la capacidad del gobierno para combatir la corrupción».

Asimismo, José Castillo expuso -así­ lo mencionó en el juicio- que en su parroquia «(…) cuenta con un equipo de sonido para dar información de interés a la comunidad y que cada fin de semana muchos padres de familia, por lo menos uno o dos hablaban con el sacristán para utilizar el equipo y anunciar sobre la desaparición de sus hijos, durante el tiempo que ha estado en el área, manifestó que considera que se han dado como 25 avisos de niños desaparecidos».

Al realizar el análisis forense se comprobó que algunos órganos no se encontraban en el cuerpo de Michelle y no hubo utilización de material quirúrgico. Por esta razón, no se determinó si alguna persona extrajo órganos. Pero, si es posible afirmar la presencia de un plan del crimen organizado -en lo concerniente a la trata de personas- para continuar vendiendo a la niña desde Chiquimula con propósitos como prostitución forzada o pornografí­a infantil.

Existe en Chiquimula un grupo criminal cuyo epicentro se encuentra, en especial, en la prostitución, pero sus actividades -por el dinero que aporta- están vinculadas a la trata de personas. Este aspecto señala la necesidad de ejercer acciones dentro de la ley para perseguir a quienes trafican con seres humanos y hacen del crimen un modo de vida. Esta razón explica la importancia en la sociedad guatemalteca de organizaciones como Fundación Sobrevivientes de Violencia Doméstica, en defensa de los derechos humanos. Su apoyo en el caso de Michelle fue relevante y, entre sus logros, se dejó abierto el proceso en contra de los autores intelectuales y otros posibles materiales del crimen. También destaca la actuación de Luis Ernesto Cáceres Rodrí­guez, abogado querellante del caso Alba Michelle España Dí­az, quien en plática con el autor de esta columna expuso: «Es un caso paradigmático que ha servido para demostrar que las instituciones democráticas del sistema jurí­dico nacional cuando tienen la voluntad, convicción y coraje para trabajar en pro de la justicia se producen resultados positivos y alentadores para que la democracia y el Estado de Derecho algún dí­a se fortalezcan en Guatemala. Y si nosotros no somos valientes y vehementes para garantizar un futuro promisorio a las actuales y venideras generaciones, si no damos muestras para que algún dí­a la sonrisa dulce y los ojos inocentes de los niños y niñas de este bello paí­s vuelvan a irradiar, seremos otra generación fallida y estéril». (Fin).