Asesinan a guardia de la SAAS, presuntamente asignado a presidente


Fiscales del Ministerio Público trabajan en la escena del crimen donde fue asesinado el agente de la SAAS, Rubén Sagastume Pozuelos. FOTO LA HORA: JOSí‰ OROZCO

Un agente de la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), presumiblemente asignado a la familia presidencial, fue asesinado por individuos que se conducí­an a bordo de un vehí­culo, quienes utilizaban chalecos antibalas. El hecho se suscitó en la zona 11.

Mariela Castañon
mcastanon@lahora.com.gt

«Fueron muchos balazos en pocos segundos», afirma una vecina de la 21 calle y 14 avenida de la zona 11, colonia Granai III, lugar donde ocurrió el hecho que cobró la vida del agente Rubén Sagastume Pozuelos, de 49 años, quien viajaba a bordo del picop Mazda 4×4 P-150 DBW.

Según testigos del suceso, la ví­ctima descendí­a de su vehí­culo para comprar en un pequeño comercio del sector, cuando fue atacado por cuatro sujetos que viajaban a bordo de otro automotor.

Los atacantes portaban chalecos antibalas; dos de ellos descendieron del automóvil, el otro permaneció en la esquina para verificar la presencia de terceros, mientras que el conductor quedó a bordo del volante.

Puesto que el fallecido repelió el ataque, se cree que uno de los victimarios resultó herido y huyó a bordo del automóvil junto a sus compañeros.

Según Ottoniel Barraza, subdirector general de Investigaciones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de acuerdo con la información recopilada hasta el momento, se puede adelantar que se trató de un ataque directo y no de un asalto. «No creo que sea asalto, podrí­a ser un ataque directo», afirmó el jefe policial.

El Ministerio Público (MP) recolectó por lo menos 27 casquillos de bala de calibre ignorado, así­ como una pistola, que servirán de evidencia para las pesquisas correspondientes.

Pueblo maya Informe


La Defensorí­a y Procuradurí­a del Pueblo Maya entregó esta mañana un informe sobre los linchamientos a la Cámara Penal, en el que solicitan el fortalecimiento de la justicia en las comunidades indí­genas y la implementación del derecho consuetudinario para prevenir los linchamientos en el paí­s.