Como ustedes saben, nuestro país es muy sísmico, por lo que a cada momento se registra un movimiento telúrico sin que muchos de nosotros lo sintamos, esto debido a que algunos son demasiado suaves; pero cuando sucede uno de magnitud muy fuerte, las casas que están en lugares altos o en laderas podrían caerse o deslizarse durante un terremoto o lluvias torrenciales, matando así a miles de personas que viven en los asentamientos; y de pasar una situación tan alarmante, ¿estaría Guatemala preparada para solventar situaciones trágicas, o simplemente estarían diciendo lo mismo de siempre? «Ellos sabían que estaban viviendo en sitios peligrosos, pero no quisieron salir de allí; se arriesgaron y no podemos sacarlos a la fuerza», así lo han dicho muchas veces representantes del Gobierno cuando suceden tragedias naturales.
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Los asentamientos humanos existen desde hace varios años, pero luego del terremoto del 4 de febrero de 1976 -que dejó un aproximado de 25 mil muertes y 75 mil heridos sin vivienda- se fueron extendiendo, teniendo que buscar áreas para vivir y los mejores lugares para hacer nuevamente sus casas, principalmente los terrenos baldíos, que algunas veces son parte del Estado.
Cuatro millones de personas viven en unos 572 asentamientos que existen actualmente en el país, siendo la ciudad capital el primer departamento, con 420 asentamientos humanos, seguido de Escuintla con 152, con un aproximado de 250 mil desplazados en distintos lugares de la república.
Los puntos donde también hay asentamientos son Villa Nueva, las zonas 3, 6, 7, 18, 12, 21, 25, así como debajo de los puentes y montañas, lugares donde se han concentrado las familias que no tienen un terreno propio para vivir; ante esto se fueron creado sus champas con láminas y plásticos, dejando de lado lo que pasaría si un día de estos sucediera un temblor de alta magnitud o un terremoto.
El panorama de los asentamientos humanos fue visto dentro de las recomendaciones para la acción nacional determinadas en el Plan de Acción de Vancouver, y de la Reunión del Hábitat, Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, realizada en Canadá en 1976, donde surge un amplio plan para la acción nacional con el propósito de mejorar la calidad de la vida en los asentamientos humanos.
Este Plan de Acción adoptado en consenso por delegados de 132 países que atendieron la Conferencia, está vinculado en 54 recomendaciones que enfocan 6 áreas relevantes a atenderse: las políticas y estrategias de los asentamientos humanos, planificación de los asentamientos, institución responsable y gestiones, edificaciones, infraestructura y servicios, la tierra como ubicación y adquisición, participación popular.
PREOCUPANTE
Roly Escobar, de poblaciones desarraigadas y de asentamientos, comenta que están sumamente preocupados porque nadie está interesado en lo que les pueda suceder a miles de personas que viven en los asentamientos en todo el país. «Nosotros estamos sumamente preocupados porque no hay ninguna política, ninguna propuesta de parte de los Estados de la región para prevenir los terremotos, sismos y sobre todo los deslizamientos de tierra; y los más afectados seguimos siendo los más pobres, ya que nuestras viviendas se construyen como se puede, con plástico, láminas y cartones porque no hay recursos, ni mucho menos dinero para una vivienda segura».
Manifestó que en comparación de la población que sí tiene los recursos para la construcción de casas seguras para pasar las lluvias, vientos y sismos, las familias que viven en los asentamientos se encuentran siempre a la expectativa de cómo les puede afectar los cambios de clima y sobre todo un terremoto, que luego de los suscitados en Haití, Chile y China, esperan trabajar una propuesta de iniciativa de ley para que el Estado ayude a las personas que están en alto riesgo, que viven en pobreza extrema.
Por otro lado Escobar aseveró: «no hay voluntad política para ayudar a las familias pobres que viven en los asentamientos, son 572 asentamientos de los cuales ninguno cuenta con servicios adecuados, ni mucho menos con certeza jurídica para la tierra; ellos no tienen un empleo seguro y tampoco cuentan con planes de salud, por eso las familias a veces están conformadas por más de 15 miembros y es penosa la situación de quienes que viven en los asentamientos».
Hardany Navarro, ingeniero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), dijo: «la educación es básica para hacer entender a las familias que viven en los asentamientos que son peligrosos los lugares donde viven, pero como se acomodan y no les ha pasado nada, no quieren salir de allí; sin saber que la mayoría que viven en los asentamientos corren riegos por las formas de vida precaria y ante esto corren altos riesgos, a pesar que ya se les ha dicho y advertido que las casas que están ubicadas en las laderas, de un momento a otro, Dios no lo quiera, sucederá algún movimiento telúrico o lluvias muy torrenciales y esas casas se vendrán abajo».
A partir de 1996 se había aprobado la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, en la cual se establecieron las bases institucionales, técnicas y financieras para permitir el acceso a una solución habitacional digna y adecuada.
El marco institucional creado por esta Ley fue influido posteriormente por los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de ese mismo año. Entre otros aspectos, se ha creado un programa específico para los refugiados, retornados, repatriados, desplazados internos, discapacitados y viudas.
Existen políticas para velar por el bienestar de los asentamientos; el 25 período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para realizar un examen y una evaluación general de las aplicaciones de los resultados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos determinó que uno de los logros en Guatemala ha sido la formulación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, cuyo objetivo principal es propiciar el acceso a una vivienda adecuada a las familias guatemaltecas, dando prioridad a las destinadas a familias que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza y grupos vulnerables y desfavorecidos, a través del fortalecimiento del marco legal, institucional, financiero y tecnológico que rige el sector, el desarrollo eficiente de la oferta de viviendas, el mejoramiento y ampliación de viviendas existentes y la dotación de servicios básicos, con la participación del gobierno central y local, la población organizada, organismos no gubernamentales, sector empresarial y la cooperación internacional.
Esta política se ha preparado mediante un proceso de consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, actores vinculados al desarrollo inmobiliario, y el financiamiento habitacional. Dicho de otra manera, se ha formulado como una Política de Estado, con carácter integral y con visión de largo plazo.
Del cual no se ha cumplido ni se cumplirán, ya que desde hace años la población que vive en los asentamientos ha manifestado su descontento debido a que no son atendidas sus demandas y que esperan que algún día algún gobierno tome en cuenta las necesidades que sufren y sobre todo que utilizan las propiedades del Estado para excavaciones o explotaciones mineras, en lugar de darlas a las personas que tienen necesidad de un lugar digno para vivir.