Irónico, pero cierto, el Alcalde de la ciudad de Guatemala fue el favorecido en el rubro político por el movimiento de protesta ordenado por los propietarios y patronos de las industria y comercio de Guatemala; y por supuesto, fielmente ejecutado por los pilotos de camiones y tráileres, quienes estacionaron los vehículos a la vera de las autopistas.
Los pilotos, empleados en un gran porcentaje, acataron las órdenes giradas, porque de lo contrario hubieran sido despedidos; la intervención de un sindicato en el problema fue para darle un cariz diferente al de la verdad, pues perseguía poner a los trabajadores como los más afectados por el horario de circulación vigente.
Se manejó el tema de la seguridad, pero el fondo del asunto es que, los exportadores (comerciantes que venden sus mercancías y/o productos al extranjero) en su afán de mayores ganancias, desean llevar más producto a los puertos y aeropuertos en las horas de atención regular; es decir, agilizar aún más la exportación de sus productos.
El alcalde ílvaro Arzú se negó a ser partícipe en la plática con representantes de los empresarios del sector industrial, del Gobierno central y de los pilotos del transporte pesado. La inasistencia a dicha reunión aduciendo que no se sentaría a conversar con «terroristas», le valió el reconocimiento tácito de la población de la ciudad de Guatemala, para pensar que es el fiel defensor de sus intereses manteniendo el horario de prohibición para circular en las horas pico del tránsito citadino.
El perdedor en esta justa fue otra vez el Gobierno, quien reiteró su falta de criterio y equívoco principio de autoridad, ya que tomó la decisión de «revisar» los horarios de restricción de circulación impuestos por las municipalidades, devolviendo dicha potestad al Departamento de Tránsito. Lo anterior significará una pugna inmediata entre Gobierno y Municipalidad para dirimir judicialmente a quien le corresponde en definitiva, la potestad de dirigir el tránsito en las ciudades y autopistas donde las municipalidades tienen restricciones de circulación.
La población será quien tenga que pagar dichos entuertos, porque las manifestaciones que están por venir, alterarán el orden público con las consabidas molestias para el pueblo automovilista, de a pie y quienes salen perjudicados con el solo hecho de vivir en una zozobra social, no sólo de delincuencia común, organizada e institucional, sino de orden vial también.
Y al respecto, NINGUNO DE LOS CANDIDATOS A ALCALDE se ha referido a dicho problema, lo que nos indica su falta de criterio al respecto y demuestra que no les interesa tal asunto. ¿Qué tal que si se reunieran todos y en conjunto presentaran al Gobierno una propuesta única para la solución del problema? ¿Será mucho pedirles, aunque sea sólo eso?