El alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, manifestó su rechazo a la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y el Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aduciendo que viola la autonomía municipal. El jefe edil calificó la norma como algo “aberrante y que no va a permitir”.
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Álvaro Arzú dijo en un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio, que impugnará ante la Corte de Constitucionalidad la recién aprobada Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y el Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos; por considerar que trasgrede la autonomía municipal.
El Alcalde calificó la normativa como una “aberración”, pues la misma permitiría a las compañías telefónicas instalar torres de transmisión en propiedad pública o privada y sin necesidad de autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones; pronunciando a la vez que es algo que “no va a permitir”.
A decir del jede edil, la nueva Ley atenta contra la Autonomía Municipal, establecida en el Artículo 3 del Código Municipal, así como la propiedad privada, garantizada en el Artículo 39 de la Constitución Política de la República y sugirió al Organismo Legislativo, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente si se pretende eliminar estas garantías.
“Francamente no concibo como los diputados pudieron aprobar una cosa así y nosotros no podemos aceptarla. La autonomía no solo nos permite, nos obliga a decidir sobre el espacio público y yo penalmente sería responsable de no defender el perímetro urbano que el electorado me ha otorgado para que lo cuide”, argumentó Arzú.
El acalde capitalino prefirió no opinar sobre los fines que podría estar persiguiendo la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones, pero insistió en que interpondrán recursos legales ante la CC hasta que se dé marcha atrás con la normativa. En tanto, enfatizó en que no permitirá “averías y travesuras” en la Ciudad de Guatemala.
“Estamos poniendo impugnaciones pero lógicamente esto tardará un tiempo para que lo analice la Corte de Constitucionalidad”, puntualizó.
La postura adoptada por Álvaro Arzú y la Municipalidad de Guatemala se suma a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente el martes pasado y a la propuesta de reformas por la Asociación Nacional de Municipalidades.
De igual forma, la Cámara de Industria de Guatemala expresó su rechazo al decreto 12-2014, en vigencia desde el pasado 25 de abril; denunciando deficiencias técnicas y jurídicas que favorecería monopolios en el país.