Varios cadáveres continuaron apareciendo en el puerto de Veracruz dos días después de que presuntos narcotraficantes asesinaran a 35 personas y que la masacre provocara un despliegue de cientos de policías, soldados y marinos que blindaban una reunión de procuradores y funcionarios de justicia del más alto nivel en esa ciudad.
Al menos once cuerpos fueron arrojados en el puerto y su zona metropolitana.
Un oficial de las fuerzas armadas, no autorizado a ser identificado por razones de seguridad, dijo ayer a The Associated Press (AP) que dichos cuerpos fueron dejados la tarde del jueves en distintos lugares de Veracruz y de la localidad metropolitana de Boca del Río.
El oficial dijo, no obstante, que no podía confirmar si los nuevos cadáveres estarían vinculados con los otros 35 asesinados y que aparecieron el martes pasado.
El gobernador de Veracruz Javier Duarte negó la aparición de nuevos cadáveres en la zona urbana de Veracruz y Boca del Río.
La información sobre los once cadáveres «no está confirmada y son solamente rumores», dijo Duarte.
El jueves por la noche tres fotógrafos que se encontraban en las afueras de la morgue de la ciudad en espera de los cadáveres fueron golpeados por policías estatales que les exigieron que borraran las memorias de sus cámaras.
Duarte dijo que tomar fotografías en el lugar está prohibido, pero que pediría al procurador estatal que organizara una visita para que los medios puedan ver el lugar.
Los cuerpos fueron colocados en plena vía pública en uno de los puertos turísticos favoritos para los mexicanos. El hecho criminal atemorizó a los residentes, quienes han notado una intensificación de la violencia.
«Terrible», dijo Erika Gutiérrez, una promotora de 36 años que vive en Veracruz, sobre la situación de inseguridad que padece la ciudad. «Nunca pensé que se fuera a poner así».
El martes fueron arrojados 35 cadáveres debajo de un puente y frente a la principal zona comercial de Boca del Río, en un hecho que las fuerzas armadas han atribuido a un grupo del narcotráfico autodenominado Nueva Generación, presuntamente alineado con el barón de las drogas más buscado por México y Estados Unidos, Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Los 35 cadáveres no han sido identificados de manera oficial, aunque se presume que serían miembros del cartel de Los Zetas, un grupo que ha asolado Veracruz en los últimos meses y que, al parecer, ha comenzado a padecer los ataques de Nueva Generación, según dijo el oficial de las fuerzas armadas.
El hecho impactó a un país que se ha venido acostumbrado a la violencia ligada al narcotráfico con sórdidas y truculentas escenas de cuerpos semidesnudos, atados y sangrados en pila y abandonados en calles principales.
Hace menos de un mes murieron 52 personas en un casino que fue presuntamente incendiado por narcotraficantes en la ciudad norteña de Monterrey; un ataque que conmovió a los mexicanos.
Las matanzas continuaron en Veracruz sólo dos días después del horripilante descubrimiento y aún cuando procuradores y funcionarios de justicia prometían enfrentar más fuertemente el narcotráfico en una convención que se realizaba en esa ciudad en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones de un hotel.
Horas antes de los últimos hallazgos, la procuradora general Marisela Morales inauguró el encuentro de procuradores y dijo que uno de los temas a analizar era el combate al narcotráfico al menudeo, que describió como una de las causas de los 35 homicidios.
«A nadie le es ajeno que la lucha entre bandas delictivas tiene como fin el control territorial y el sometimiento de vendedores de drogas al menudeo», dijo la funcionaria.
El gobierno estatal de Veracruz ha dicho que prácticamente la totalidad de los 35 asesinados el martes, entre ellos 12 mujeres y dos menores de edad, tenían antecedentes penales por delitos como secuestro, extorsión y robo, pese a que no ha dado a conocer su identidad ni ha informado públicamente sobre el grupo criminal al que presuntamente pertenecían.
Presente en la inauguración de la reunión de procuradores, el gobernador de Veracruz Javier Duarte afirmó que en el estado no minimizan al crimen y, por el contrario, lo combaten.
«Aquí reconocemos una verdad innegable, una verdad que no admite debate, los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico: o van a la prisión o pagan con su vida haberse ido por el camino del crimen», dijo.
La violencia atribuida al crimen organizado ha dejado más de 35.000 muertos en todo el país desde diciembre de 2006, aunque algunas organizaciones civiles han señ