En abril de 2004, se publicó un reportaje en este diario en que di a conocer el recuento de casos que conmocionaron a la opinión pública y tenían como factor común la voladura de contenedores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas propano. De acuerdo con las estadísticas, en todo el territorio nacional circulan unos 4 millones de cilindros de propano que en su mayoría son utilizados en viviendas particulares. De esa cantidad, unos 800 mil tanques son utilizados en los servicios domésticos y en condiciones inseguras.
Estos tambos en mal estado provocaron el año pasado 375 explosiones de gas propano, con cauda de 35 personas fallecidas y una cantidad increíble de personas lesionadas permanentes, por las mismas consecuencias del combustible. Entre tanto, las personas particulares que se dedican a la distribución del producto han reconocido que varios cilindros llegan con daño, pero de esta situación responsabilizan a las grandes distribuidoras.
La iniciativa de ley que se tramita en el Congreso de la República obligaría a las empresas importadoras de gas licuado o propano, que identifiquen los envases con su logotipo, sello y datos. No se advierte la necesidad de que los consumidores contemos con un seguro de vida, ante la falta de controles de seguridad de los recipientes.
El proyecto se encamina a prevenir desastres, pero quienes se oponen en campos pagados a la aprobación del proyecto, afirman falazmente que se pretende crear monopolios y acaparar el hidrocarburo. Lo único que les preocupa es la ampliación de sus márgenes de ganancia y no la inversión de 17 millones de dólares para cambiar el parque de envases. Desde el punto de vista jurídico, es absurdo afirmar que se arrebata la propiedad de los tambos a los consumidores, pues la inversión inicial no es para comprar un tambo sino para garantizar el depósito. O sea, es una figura legal muy particular de un derecho de propiedad volante, el cual más bien se ha depreciado debido a las precarias condiciones de los cilindros.
Los consumidores debemos exigir que continúe la discusión del proyecto de ley, para que las empresas estén obligadas a mejorar el estado de sus depósitos de combustible y que también asuman las responsabilidades civiles y penales en que incurran.
La discusión de la nueva ley para comercializar el GLP debe salir de la manipulación informativa que la ha circunscrito a una lucha mercantil entre gaseras, en lugar de asumirla como un asunto de interés nacional. El nuevo cuerpo legal respondería a la necesidad sentida de proteger la integridad de 8 millones de personas que consumen el hidrocarburo.
La ministra de Energía y Minas de El Salvador denunció el contrabando de cilindros de gas propano de ese país hacia Guatemala. De acuerdo con versiones de la prensa salvadoreña, las empresas Tomza y Dagas han sido señaladas de efectuar ese trasiego. Hay que recordar la denuncia de que Dagas ha ingresado 50 mil cilindros en mal estado, que han sido desechados en el vecino país.
Reitero, ad nauseam, el mal estado en que se encuentran los tambos de gas propano los convierte en auténticas «bombas de tiempo», ya que en cualquier momento pueden saltar en pedazos debido al menor detonador. Remediar esta situación y prevenir más desgracias con la aprobación de la nueva ley, será de beneficio para el país y reportará réditos políticos a los congresistas que apoyen su emisión, un logro oportuno en este año de elecciones generales.