Alemania y Francia desplegarán mañana en una cumbre de la UE sus artes persuasivas para tratar de convencer a sus socios de cambiar el Tratado de Lisboa para evitar nuevas crisis de deuda pública, pese al riesgo de abrir un nuevo doloroso proceso de ratificaciones nacionales.
El eje franco-alemán está convencido de que es indispensable reformar el tratado fundamental de la Unión Europea (UE), que entró en vigor hace sólo unos meses después de una década de complicaciones y pasos en falso, para que los 27 se doten de mecanismos eficaces que les protejan de nuevas derivas económicas.
«Un acuerdo franco-alemán no es todo en Europa», pero «sin un acuerdo de Francia y Alemania no hay gran cosa posible», advirtió la canciller alemana, Angela Merkel, la víspera de que la UE aborde en su cumbre este arriesgado debate.
Dos medidas anticrisis están sobre la mesa: la creación de un mecanismo permanente para rescatar a los países de la Eurozona en apuros económicos –que reúne un amplio consenso entre los 27–, y la imposición de sanciones políticas a los Estados que gasten demasiado, una idea también de Francia y Alemania, que suscita poco entusiasmo.
Alemania afirma que su Tribunal Constitucional podría impedirle adoptar la primera medida, puesto que el estado actual del Tratado de Lisboa impide que un Estado sea salvado de la bancarrota por sus socios europeos. De ahí que reclame su modificación de aquí a 2013, para lo que ha obtenido el apoyo de Francia.
Pero la UE todavía tiene fresco en la memoria el laborioso proceso de ratificación del Tratado de Lisboa –rechazado una primera vez por los irlandeses en referéndum y objetado durante un tiempo por Polonia y República Checa –, y varios países, así como la Comisión Europea, temen abrir una nueva «caja de Pandora».
El jefe de fila de los ministros de Finanzas de la Eurozona, Jean-Claude Juncker, y varios países como España militan por estudiar y agotar todos los medios posibles antes de recurrir a una reforma de los textos fundamentales para crear un mecanismo permanente de rescate financiero.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de los 27, también prefiere «de lejos» adoptar las nuevas disposiciones «sin cambios de Tratados», según el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
La responsable de Justicia, Viviane Reding, que recientemente protagonizó una guerra verbal con Francia por sus expulsiones de gitanos, fue más lejos criticando el «diktat franco-alemán» y juzgando «completamente irresponsable poner sobre la mesa quimeras sobre nuevos tratados».
El debate centrará la cumbre de dos días que los jefes de Estado y de gobierno de la UE abrirán el jueves en Bruselas.
El objetivo de Francia y Alemania «es hallar una solución en la cumbre», explicaron fuentes diplomáticas, avanzando que ambos países «tienen previsto confiar al presidente de la UE, Herman Van Rompuy, buscar la mejor forma de lograr una revisión» del tratado.
La Comisión Europea reclamó el miércoles «centrarse en la sustancia», es decir, en cómo deberá ser el mecanismo permanente de ayuda financiera, antes de entrar a discutir sobre su marco jurídico.
Se trata de perennizar el multimillonario fondo de rescate que se activó en mayo, tras la crisis de la deuda griega, por un periodo de tres años.
La posibilidad de introducir sanciones políticas contra los Estados laxistas en materia presupuestaria, privándoles del derecho a voto en las reuniones de la UE, también será abordada durante la cumbre.
Los más reticentes son los más expuestos a sufrir las consecuencias por su alto nivel de endeudamiento público, es decir, España y Portugal.
En cambio la opción de imponer sanciones económicas ya está incluida en un amplio paquete de disciplina presupuestaria previamente acordado por los ministros de Finanzas y pendiente del visto bueno de los jefes de Estado y de gobierno.
Aunque hay unanimidad para prever este tipo de castigo para los Estados que superen el nivel de endeudamiento permitido en la UE, no todo el mundo apoya que éste sea menos automático de lo previsto inicialmente, ya que los infractores dispondrán de seis meses para corregir su situación.
Juncker tachó ese acuerdo de «inaceptable» y el jefe economista del Banco Central Europeo (BCE), Jurgen Stark, pidió que las sanciones sean automáticas.