Arresto domiciliario


Una simpatizante de Benazir Bhutto grita consignas contra la policí­a, en una protesta que pide la liberación de la ex primera ministra.

La ex primera ministra Benazir Bhutto, que esta semana se convirtió en la principal lí­der de la oposición en Pakistán, reclamó hoy la dimisión del presidente Pervez Musharraf, después de que éste la pusiese en arresto domiciliario por segunda vez en cinco dí­as.


«Afirmamos que Musharraf debe irse. Se acabó la época de la dictadura», afirmó Bhutto por teléfono a la cadena británica Sky News TV desde la residencia de un responsable de su partido en Lahore (este), que de madrugada habí­a sido rodeada por la policí­a.

«Pido a la comunidad internacional que deje de apoyarlo, que cese de sostener al hombre cuya dictadura amenaza con hundir a esta potencia nuclear en el caos», añadió.

Durante la noche las autoridades habí­an entregado a Bhutto una orden de arresto domiciliario de siete dí­as para impedirle organizar una «larga marcha» de protesta contra el estado de excepción instaurado por Musharraf hace diez dí­as. La policí­a invocó motivos de seguridad, asegurando que la ex primera ministra es objeto de amenazas de atentado «precisas y graves».

Bhutto ya fue blanco, el pasado 18 de octubre, del atentado más sangriento de la historia de Pakistán, en el que murieron 139 personas, principalmente seguidores de su partido, reunidos para recibirla a su regreso al paí­s tras ocho años de exilio.

«Esta casa es considerada desde ahora como una prisión», anunció a la AFP el jefe de la policí­a de Lahore, Ayaz Salim.

Más de 1.100 policí­as sellaron literalmente todos los accesos a la casa, rodeada por dos cordones de alambradas y uno de barreras de madera, para terminar con grandes contenedores que impedí­an el acceso a la calle.

«Pueden encarcelar a tantos de nosotros como quieran, pero siempre quedarán otros para levantarse ante la tiraní­a que destruye Pakistán», afirmó Bhutto.

Prohibida por las autoridades, la «larga marcha» de 275 km, entre Lahore e Islamabad, tení­a como objetivo reclamar el levantamiento del estado de excepción instaurado.

En su lugar, seguidores del Partido del Pueblo Paquistaní­ (PPP) de Bhutto se reunieron en una carretera de Lahore, desde donde decenas de autos emprendieron una procesión en dirección a la ciudad de Kasur, en el este, cerca de la frontera india, afirmó a la AFP el presidente del PPP en la provincia de Pendjab, Shah Mahmud Qureshi.

Las autoridades ya habí­an impedido el viernes la celebración de un mitin del PPP en los alrededores de Islamabad y puesto a su lí­der en arresto domiciliario durante un dí­a porque, según afirmaban, era objeto de «amenazas precisas de atentado».

La ex jefa de Gobierno (1988-1990 y 1993-1996) se convirtió en uno de los lí­deres efectivos de la oposición el lunes cuando anunció haber roto definitivamente la negociaciones emprendidas hace varios meses con Musharraf para compartir el poder tras la legislativas.

Y amenazó con un boicot a las elecciones por parte de su partido, el más importante de la oposición.

Bhutto regresó a Pakistán después de haber sido amnistiada por Musharraf de acusaciones de corrupción y negociaba con éste un acuerdo de reparto de poder con la perpectiva de las legislativas previstas a principios de 2008.

Bajo la presión internacional y de la sociedad civil, el domingo Musharraf anunció que mantení­a el calendario electoral y prometió organizar las legislativas antes del 9 de enero. Asimismo, anunció que mantení­a el estado de excepción para garantizar, dijo, un clima propicio a los comicios en un momento en que los islamistas afines a Al Qaida multiplican los atentados en el paí­s y ganan terreno en el noroeste.

El martes, el presidente estadounidense George Bush, aliado clave de Musharraf en la «guerra contra el terrorismo» y su principal financiador, también pidió el levantamiento del estado de excepción para que las elecciones sean «libres y justas».

Más de 3.000 opositores, en su mayorí­a abogados, magistrados y defensores de los derechos humanos, fueron detenidos o puestos en arresto domiciliario desde el 3 de noviembre.