Aproximadamente 900 millones de quetzales administrados por el Banco Industrial luego del cierre de operaciones del Banco de Comercio fueron utilizados en cubrir algunas deudas, mientras que muchos cuentahabientes continúan esperando una solución favorable, indicó el diputado Jorge Luis Ortega.

A este mismo respecto el fiscal Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Jorge Luis Donado, expresó que continúa recibiendo declaraciones de las personas vinculadas a Organizadora de Comercio.

Ante tal situación y la falta de acción de funcionarios de la Superintendencia de Bancos en buscarle una salida adecuada al problema, los afectados continuarán esta semana con las protestas frente al Congreso, sin descartar otras medidas ante la falta de atención a sus demandas.