El pedido de Bolivia de que Estados Unidos haga más transparente la ayuda económica que le otorga constituye, según la oposición boliviana, una cortina de humo para distraer la atención de los conflictos políticos y regionales que acosan al presidente izquierdista Evo Morales.
Los partidos Podemos (derecha) y Unidad Nacional (UN, centroderecha), principales agrupaciones de la oposición, señalaron que el gobierno pretende ocultar la dimensión de la protesta regional -patentizada el martes en una huelga en seis ciudades- y una Asamblea Constituyente paralizada por conflictos internos y presiones departamentales.
El ministro de la Presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, pidió el miércoles a EEUU dar transparencia a la ayuda económica que brinda a través de su agencia para el desarrollo (Usaid) y ajustar su asistencia a la política del presidente Evo Morales. De lo contrario, «tiene las puertas abiertas» para irse, dijo.
«No vamos a permitir ni un día más que esta forma de cooperación empañe nuestra democracia, conspire contra el derecho a la libertad de nuestro pueblo y ofenda la dignidad nacional», dijo Quintana, brazo derecho de Morales.
Pero el senador de Podemos y empresario de la poderosa región de Santa Cruz Oscar Ortiz opinó que «hay un cierto intento de distracción a la opinión pública con todas estas denuncias para ocultar los graves problemas que vive el país, la incapacidad de gestión de gobierno y los problemas del narcotráfico creciente».
Mientras, el magnate de la industria del cemento y líder de UN, Samuel Doria Medina, señaló que tras la huelga civil en seis regiones del país (en apoyo a la demanda de Sucre por la capitalidad plena y en rechazo al juicio a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional) el gobierno utiliza «medidas distraccionistas».
Morales –que según encuestas privadas independientes tiene 57% de la aprobación ciudadana– ha sufrido en las últimas semanas la presión de líderes civiles y gobernadores que el martes impulsaron una huelga de 24 horas. Aún con acatamiento parcial, se trató de la medida de protesta más seria en los 19 meses de gestión gubernamental.
Los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija prevén reunirse en las próximas horas para adoptar la continuación de las protestas regionales de manera organizada y mancomunada y han ratificado su apoyo a Sucre, capital de Chuquisaca, en su demanda por recuperar de La Paz las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Asamblea Constituyente, donde la mayoría oficialista del MAS ha aprobado una resolución para excluir de su agenda el reclamo de Sucre, continúa desde hace una semana paralizada por las movilizaciones de grupos civiles y universitarios locales, que le exigen restituir la polémica temática.
El conflicto entre La Paz y Sucre por la sede de gobierno ha motivado este jueves la renuncia del gobernador de Chuquisaca, David Sánchez, aliado del presidente Morales, provocando un vacío de poder en la región.
Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia de Bolivia.