Joe Arpaio, que se autoproclama como el jefe policial más estricto de Estados Unidos, se aproxima a un momento decisivo en el que deberá decidir si zanjar las denuncias de que sus agentes etiquetaban racialmente a los hispanos en sus patrullas para detener a inmigrantes no autorizados y reformar sus prácticas, o someterse a juicio.
El alguacil del condado Maricopa tiene plazo hasta el 14 de abril para concluir las conversaciones con el Departamento de Justicia nacional a fin de zanjar una serie de denuncias sobre derechos civiles. Algunas de estas le acusan de haber lanzado patrullas contra la inmigración no autorizada en base a cartas de personas que se quejaron de que personas de piel oscura se congregaban en determinada área o que hablaban español aunque sin denunciar nunca delitos concretos.
Un arreglo podría conducir a cambios reclamados por los críticos de Arpaio y paralizar un caso separado de etiquetación racial fijado para mediados de año. La mayoría de los departamentos de policía que enfrentan presiones similares del Departamento de Justicia optan por zanjar las demandas, pero los críticos se preguntan si la obstinación de Arpaio lo llevará a enfrentar las denuncias ante un tribunal.
»Lo convierte en un héroe», comentó Antonio Bustamante, un abogado de Phoenix especializado en derechos civiles y miembro de un grupo de líderes hispanos y negros que reclaman la reforma de las políticas del jefe policial.
El Departamento de Justicia ha acusado al departamento policial de Arpaio de etiquetar racialmente a los hispanos, de castigar a los reclusos hispanos por hablar español y de alentar una cultura de desprecio a los derechos constitucionales básicos. La oficina de Arpaio ha rechazado denuncias de discriminación sistemática y ha pedido a las autoridades federales que le presenten pruebas. Pero a la vez, accedió condicionalmente a hablar con el Departamento de Justicia acerca de medios para corregir cualquier posible transgresión.
El Departamento de Justicia busca un acuerdo que requiere al departamento de policía instruir a los agentes acerca de cómo respetar los derechos constitucionales al hacer parar vehículos en la calle, recolectar datos de los motoristas y contactar con los hispanos para asegurarles que el departamento también está allí para protegerlos.
La agencia federal ha dicho que está dispuesta a demandar a Arpaio y dejar que un juez decida la cuestión si no se logra ningún acuerdo.