Hace rato se legisló en Guatemala para que toda persona que quisiera tener o portar arma de fuego por las razones que fueran, debía satisfacer los requisitos para obtener dos documentos, el primero, una Tarjeta de Tenencia la que previo el registro de la persona y del arma podía mantenerla en su casa o en determinado sitio y el, segundo, la Licencia de Portación para quienes además de poseerla, necesitaran portarla por las razones que fueren. Pero en días pasados a alguien se le ocurrió que el “registro” debía repetirse y, sin dar mayores explicaciones, se legisló para forzar a los interesados a volver a llevarlas, como a pagar antojadizas tarifas por un servicio que debió haber sido gratuito por los gastos que representaba hacer el nuevo registro aunque el ciudadano tuviera sus documentos en regla.

¡Se armó Troya! Porque en Guatemala es galopante la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda y porque se pierde mucho tiempo en las dependencias públicas para el trámite más significante al seguir teniendo una administración que, salvo contadas excepciones, mantiene todavía los mismos métodos y sistemas de don Gabino Gaínza. Si a lo anterior le sumamos que los chapines dejamos las cosas importantes para última hora, el resultado es que  todavía hay más de doscientas mil armas sin que sus propietarios hayan podido hacer el nuevo registro y por consiguiente, pende sobre sus cabezas la amenaza de las dependencias oficiales de abrirles sendos expedientes en el Ministerio Público para que se los lleve candanga, demeritándoles automáticamente del rango de ciudadanos cumplidores de sus obligaciones al de “mareros ad honorem”, fuera porque andan a tres menos cuartillo para pagar un reiterado registro o por no disponer del tiempo necesario para hacer largos y tediosos trámites.
    
    Queda evidente que lo anterior no es ninguna buena demostración de un gobierno que no debiera olvidar que sobre todo privan los intereses de la población, pues para nadie es un secreto que hay más de un millón de armas en las calles en manos de los delincuentes a quienes tanto el impuesto, la tarjeta de tenencia, la licencia, como el registro de armas les viene del norte, lo que fuerza a la gente honrada a defender con sus propios recursos a los suyos y a no perder sus pertenencias legítimamente adquiridas. Algo más, también estamos frente a otra dura realidad, la de no contar con diputados que defiendan los intereses de la población sino que solo piensan en el derecho de su nariz. ¿Tan difícil y complicado resulta dar un plazo prudencial de prórroga para el renovado registro de armas y facilitar su expedito trámite?