Las armas en general, y en particular las armas de fuego, forman un sistema con la violencia criminal y la inseguridad ciudadana, tanto objetiva como subjetiva. Este es un círculo perverso que se retroalimenta a sí mismo, empobreciendo la calidad de vida en la sociedad, haciendo muy difícil la construcción del tejido social, la cohesión e integración entre personas, comunidades y regiones, levantando al miedo, la sospecha, la discriminación, como modos de vida o sobrevivencia.
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El enrarecimiento del ánimo y entorno social que crea e impulsa ese sistema, por lo demás verificado con sus propios colores en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, es uno de los factores más negativos para el fortalecimiento de sus estados de derecho, regímenes democráticos y gobernabilidad, así como para la superación de los fuertes índices de pobreza, factores de los que Guatemala no se escapa.
Una de las tendencias más significativas de este fenómeno que se puede observar en nuestro país y en especial enraizado en los sectores más pobres, lo constituye el reforzamiento a la exclusión social, que conlleva la agudización de las condiciones de vida des las mayorías en pobreza y pobreza extrema, pues su vulnerabilidad ante la violencia criminal, los paraliza en relación con la posibilidad por emprender algún esfuerzo para salir de esa condición.
Con lo anterior surge en cambio ante sus ojos este sistema, como una oportunidad para su sobrevivencia, sometiéndose a la servidumbre respecto a organizaciones criminales locales o al crimen organizado más fuerte, y no dejando pasar las ocasiones del delito eventual.
La cultura históricamente construida en Guatemala otorga a las armas un lugar destacado, especialmente, si se trata de armas de fuego, fuegos artificiales y pirotecnia, habiéndose ella incorporado en algunas regiones a las costumbres familiares, hasta el punto que en el rito de pasaje de la infancia a la juventud, al cumplirse los 15 años, el mecanismo empleado incorpora estas armas como signo de reconocimiento paternal y familiar.
En otros sectores no sometidos a condiciones de pobreza y también los más acomodados, la pasión por las armas compite con la de los carros u otras demostraciones de status social. Esa actitud comprende ciertas sofisticaciones, como lo demuestra el hecho que en el comercio legal instalado el volumen de la oferta europea supera al americano, en condiciones de igualdad técnica.
Pero la tenencia de armas no se limita al objeto comprado en almacén internacional o del país, la fabricación artesanal de armas de fuego no es algo nuevo, incluyéndose en ello el atractivo motivador de artesanos coleccionistas, que disponen de pequeños talleres bien equipados, hasta la elaboración, de armas hechizas por personas o maras de sectores excluidos y marginales.
A esa raíz histórica se suma la expansión de un mercado negro internacional regional y del mercado negro interno en las últimas décadas, con una variedad de ofertas, donde su estrella es el AK-47, cuyo precio se ubica entre los Q1500 y los Q2000.
En el mercado negro internacionalmente se desarrolla principalmente desde las fronteras con Honduras y El Salvador, y también de modo significativo desde México y Estados Unidos.
Este mercado es tan activo, que incluso en los departamentos limítrofes, su oferta se hace a fiscales y jueces, con la promoción del regalo de sus municiones.
Es notable el hecho que algunas dependencias del órgano judicial o del Ministerio Público sean protegidas por agentes privados de seguridad que portan AK-47, lo que difícilmente podría ser justificado.
Por otra parte, ex jefes de la Policía Nacional Civil reclaman la necesidad de que ésta disponga de armas ofensivas, pues ante las organizaciones criminales o el crimen organizado, según esas opiniones se encuentran en una evidente desigualdad de armas.
Mientras un directivo de una entidad privada de seguridad señala que el corredor usado con mayor frecuencia para el tráfico de drogas u narcóticos, en las alturas de las montañas que atraviesan el país, estaría protegido por los grupos armados y disciplinados que disponen de AK-47.
La primera fuente de abastecimiento del mercado interno es el robo de las armas con tendencia legal o no, a sus propietarios. Estos robos no sólo lo sufren los particulares, sino también unidades del Ejército y empresas privadas.
Después de la gran fuga de reclusos de la cárcel de alta seguridad (17 de junio 2001), los recapturados poseían algunas de esas armas robadas al Ejército.
En los asaltos a casa-habitación, es de procedimiento regular de los delincuentes comenzar por recoger armas, municiones y joyas; y, estas armas de fuego y las municiones habitualmente abastecen el mercado negro interno, surgiendo en los procesos judiciales que involucran a miembros de empresas privadas de seguridad un gran número de armas no registradas en el DECAM.
Pese a que el DECAM ha ido restringiendo las autorizaciones de portación de armas sólo a las pequeñas, aún persiste a simple vista, la portación corriente de armas ligeras por agentes de entidades de seguridad privada legalmente reconocidos.
Estimación de armas
La proliferación de armas de fuego en Guatemala surge de un fenómeno social descontrolado, asentado en una cultura de larga data, con mecanismos de abastecimiento en ampliación, una institucionalidad muy débil con ausencia de políticas públicas sobre la materia, que termina por la renuncia práctica y a veces confesada del Estado, sobre uno de sus deberes sustantivos para su propia legitimidad.
Si la pieza oscura de las empresas de seguridad privada es ya un hecho grave para la seguridad ciudadana, el principio de ignorancia, sobre la cantidad de armas de fuego y sus propietarios de hecho, es aún una amenaza mayor sobre ella.
Lo que es a toda luz evidente y en esto sólo se cumple una verdad verificada en todos los países del mundo, es que respecto a la seguridad ciudadana, las armas de fuego son parte sustantiva del problema y nunca su solución con la creencia popular en Guatemala lo sigue sosteniendo en contra de todas las evidencias.
Internacionalmente la medición de la violencia criminal vigente en las sociedades se apoya de modo fundamental en la construcción de la «tasa de homicidios» en Guatemala, la situación se hace difícil e insegura, pues las fuentes estadísticas difieren entre sí de manera significativa y contrastan con los resultados de investigaciones que usan otros métodos.
Si se examinan los departamentos en los que la Policía Nacional Civil, (PNC) lleva a efecto la mayor incautación de armas de fuego, que como se advirtió en el 90% se trata de armas ilegales, se confirma la incidencia de la relación entre los departamentos fronterizos y la violencia.
Allí aparecen a la cabeza por índices de violencia los departamentos de Escuintla, Petén, Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa, sumando a éstos a Alta Verapaz, aunque es de muy baja incidencia en relación a la tasa de homicidios.
Se realizaron entrevistas entre las que se encuentran autoridades policiales, fiscales, expertos y directivos de empresas de seguridad privadas quienes coinciden que en nuestro país proliferan más de dos millones de armas que el DECAM no ha logrado obtener un adecuado control.
¿Qué sucede con nuestra legislación, hasta dónde ha llegado la ley de armas y municiones?
Según la Constitución Política, se establece en su artículo 38, el derecho a la tenencia y portación de armas, para uso personal, siempre y cuando éstas estén autorizadas por la ley.
Como cláusula complementaria, las armas sólo pueden estar en posesión en el lugar de habitación. Para regular el derecho de portación de armas, se indica que una ley deberá regir la materia.
Esta ley entró en vigencia con el Decreto 39-89, en el cual se establece la obligación que el Estado tiene de proporcionar seguridad a las personas y a las familias, por lo cual debe proporcionar los medios adecuados y racionales para defenderse.
La ley fue decretada mucho tiempo después de la actual Constitución, por lo que quedó un vacío durante varios años (de 1985 a 1989).
Una de las justificaciones para promulgar la ley, además del mandato constitucional, fue que se tomaba en cuenta «el aumento desproporcionado de la delincuencia (que) ha colocado al ciudadano honesto en situación de indefensión y que la desventaja numérica policíaca, no permite proporcionar protección individual a cada ciudadano».
Sin embargo, este decreto ha tenido poco éxito en su cumplimiento; basta con revisar que en menos de tres meses tuvo su primera enmienda, con el Decreto 46-89 del Congreso, el cual regula la publicidad de las armas.
En menos de un año, el Decreto 34-90 vetaba la ley, aunque con prontitud se derogaba el decreto, y nuevamente entraba en vigencia. En ese mismo año, 1990, la ley sufría muchos problemas para cobrar plena vigencia.
Nuevamente, fue seis años después, que se volvía a modificar tal ley, aumentando la edad para poseer licencia para portar arma. Anteriormente, se tenía que con tener 18 años podría obtenerse tal permiso; sin embargo, el Decreto 63-96 aumentó la edad para 25 años.
Ahora, debido a la nueva realidad social, los índices de inseguridad, los Acuerdos de Paz y la agenda de leyes de seguridad, se dispone a derogar la Ley de Armas y Municiones, con el fin de crear otra.
El año pasado se presentó al pleno la Iniciativa 3,206, cuyos ponentes son los diputados Mario Taracena Díaz-Sol; Elmer Medardo Cruz González Navarro; Rubén Darío Morales Véliz; Raymundo González.
Según la iniciativa, una nueva ley es necesaria, ya que los índices de violencia son muy altos, más que en 1989 cuando se decretó la actual ley, y, además, que dentro del país se calcula que hay un gran número de armas ilegales, por lo que se debe reformar la ley para evitar que el tráfico de armas ilegales prosiga su camino sin obstáculos dentro del territorio nacional.
El control de las armas debe regresar a Gobernación, así opina la diputada Roxana Baldetti quien desde la comisión de Gobernación en el Congreso realizó trabajos en relación a la temática
Según la diputada Roxana Baldetti, del partido Patriota (PP) debe existir una diferencia de tenencia de armas, tanto para las personas civiles como para el uso militar. En lo que respecta a armas de grueso calibre, AK-47, fusiles, deben estar en manos del Ministerio de Gobernación.
Durante el mandato de Baldetti en dicha Comisión, esa iniciativa recibió dictamen favorable. La parlamentaria fue presidenta de dicha sala de trabajo hace dos años.
Otro de los puntos que incluye la iniciativa es que los funcionarios deben registrar sus armas y no como actualmente se quiere que sólo las personas civiles deban registrar sus armas.
«Lo que queremos es que regrese el control de las armas a Gobernación», dijo la parlamentaria.
Al momento que las armas se restrinjan, se reduce la ola de violencia en el país.
De acuerdo con Baldetti, durante los últimos dos años la Gran Alianza Nacional (GANA), ha presidido dicha Comisión y esa iniciativa de ley no ha sido aprobada.
Han bloqueado que el proyecto de ley sea aprobado por el pleno. Encuentran cualquier pretexto para evitar su aprobación, apuntó Baldetti.
La calidad de la seguridad en todo Estado- Nación, da cuenta de la manera concreta en que se realiza el valor superior de la seguridad de la libertad, tanto a nivel de las personas, como en las dinámicas colectivas y, de la fuerza del derecho que sostiene a las instituciones públicas, constituyéndose en una dimensión inseparable de la legitimidad del régimen democrático y del funcionamiento de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Diversos analistas y sociólogos coinciden en que el aparato estatal debe trabajar en una sola dirección, a fin de garantizar la seguridad y bienestar de la población guatemalteca, pero que esto conlleva la implementación de un mejor y mayor control de las armas que circulan en nuestro país.
La vorágine de la violencia y los constantes hechos donde se involucran disparos está respaldada por la circulación fuera de control de armas de fuego, dice el analista Marco Antonio Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes.
Ello se vuelve tangible al notar que en los últimos tiempos se nota un número aún no establecido, pero alarmante, de gente armada.
Un buen número armas están en poder de delincuentes que crean incertidumbre en la población y genera un grado mayor de dificultad para enfrentar la inseguridad.
«Existe un trasiego y contrabando de armas y eso hace que haya cada día más personas armadas», señala el entrevistado.
Actualmente en el Congreso existe una controversia entre aprobar o no la ley de armas y municiones, que darle luz verde regularía la portación y penalizaría la tenencia ilegal de las mismas.
A criterio de Barahona, se debe regular el uso de este tipo de armamento de ese modo reduciría lo altos índices de homicidios.
Lo anterior como una solución legislativa a la problemática, sin embargo, Barahona considera que se debe trabajar de la mano en programas que reivindiquen los valores morales desde la familia.
De ese modo y a largo plazo, formar jóvenes con una visión del futuro en un clima de paz y tranquilidad.
Además, el analista estima que en corto plazo el Estado debe trabajar en darle mayor énfasis a la prevención, desarrollar una capacidad de alerta temprana y darle una mayor eficacia a los recursos asignados a la seguridad.
Así como sacarle un mejor provecho al presupuesto general del Estado y formar una policía más sensible, educada y con mayor responsabilidad.
La inseguridad objetiva, especialmente la que es resultado de una alta criminalidad e impunidad de sus hechores y, la inseguridad subjetiva del temor y el miedo, forman un sistema que se retroalimenta y paraliza, a las autoridades en su impotencia y a la población en su victimización.
Por ello, si bien pueden iniciarse los procesos para instalar los mecanismo que permitan el diseño e impulso de políticas criminales democráticas desde hoy mismo, la urgencia debería radicarse en el control de ciertas fuentes generadoras y sustentadoras de ese caudal de energía consumido por el país, sin resultado alguno, y por el contrario distribuyendo el desánimo en todos los sectores de la población.
Dos temas constituyen el núcleo de esta situación, poseen gran significación y se encuentran estrechamente vinculados: un control efectivo a la proliferación de las armas de fuego y las municiones en manos de las personas, interviniendo el síndrome de «violencia-inseguridad-armas-violencia»; y un proceso modernizador del concepto del derecho humano a la seguridad personal y colectiva.