Prohibir el consumo de drogas no necesariamente reduce la adicción a las drogas. Por ejemplo, una investigación en Reino Unido reveló que, en el año 1970, hubo 9,000 condenados o amonestados por consumo de drogas, y 15% de los jóvenes había consumido drogas; pero en el año 1995, no obstante la prohibición, hubo 94,000 condenados o amonestados, y 45% de los jóvenes había consumido drogas.

Abolir el castigo penal por consumir drogas puede reducir el número de adictos. Por ejemplo, en Portugal, en el año 2001, fueron abolidos todos los castigos penales impuestos por posesión personal de drogas; y en los cinco años siguientes se redujo el número de adictos en la población más joven. También disminuyó el número de nuevos adictos que padecían enfermedades infecciosas (adquiridas por uso compartido de agujas hipodérmicas contaminadas), y se duplicó la cantidad de adictos  que buscaban escapar de su quizá angustiosa y maldita adicción.
Prohibir el consumo de drogas puede incrementar la criminalidad porque el riesgo creado por la prohibición contribuye a aumentar el precio de las drogas, y entonces quienes las demandan pero no tienen dinero suficiente para adquirirla, asesinan, secuestran o roban para obtener dinero adicional. Precisamente Lester P. Silverman, de la Academia Nacional de Ciencias, de Estados Unidos de América, ha intentado calcular una correlación entre incremento del precio de las drogas e incremento de la criminalidad.  La criminalidad puede incrementarse aun más porque los clandestinos portadores mayoristas de droga se vuelven atrayentes víctimas potenciales de asalto con el fin de ser despojados de la droga; o porque los agentes o funcionarios policiales asignados para obligar a cumplir la prohibición, se exponen al ataque de los traficantes de drogas; o porque esos mismos traficantes se disputan, hasta con terrorífico costo mortal, los más lucrativos mercados de consumo.
Eliminar la prohibición de consumir drogas generaría por lo menos ocho beneficios. Primero, el Estado no limitaría más  la libertad ni invadiría más la vida privada del ciudadano, so pretexto de la prohibición. Segundo, surgiría la posibilidad legal de conocer al consumidor drogas para informarle sobre el daño que puede sufrir, y brindarle la cooperación médica, psicológica o psiquiátrica que pueda solicitar para desistir de su adicción.  Tercero, el consumidor de drogas, con el fin de reducir el riesgo de sufrir un daño mayor, podría exigirle, al proveedor de drogas, información sobre calidad, modo de consumo y efectos nocivos del producto. Cuarto, intentar el rescate del adicto a las drogas sería menos costoso que perseguirlo, capturarlo, juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo. Quinto, disminuiría la criminalidad; los jueces podrían ocuparse más eficazmente en administrar justicia oficial, y se reduciría la superpoblación en las cárceles.  Sexto, el Estado podría asignar más recursos para prevenir el asesinato, el secuestro, el robo y la extorsión, o perseguir penalmente a quienes cometan esos delitos. Séptimo, serían eliminadas fabulosas oportunidades de corromper a políticos, o gobernantes, o funcionarios públicos.  Y octavo, disminuiría la propagación de enfermedades infecciosas contagiosas.
Post scriptum. Las drogas cuyo consumo es ilegal pueden ser hasta menos más dañinas que el alcohol o el tabaco, como lo reveló una investigación en Reino Unido. Entre las drogas cuyo consumo era ilegal, sólo la heroína, la cocaína y los barbitúricos eran drogas más dañinas que el alcohol y el tabaco.