Bienvenido Argueta, ministro de Educación Pública de Guatemala, accionó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegando enmienda de procedimiento a la resolución que ordena entregar los datos de «Mi Familia Progresa» a Nineth Montenegro.

Argueta alega que la resolución del pasado cuatro de febrero solo está firmada por el presidente en funciones César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer y el secretario de la Corte Suprema, y no por los otros 12 magistrados, y así­ busca invalidar esa orden.

Le parece que no hay equidad, dijo la legisladora, porque el pasado año, en una situación similar para evitar que se declarara sin lugar la solicitud de procedimientos sobre el mismo tema que ahora está en disputa, ocurrió también que solo el presidente de la CSJ firmó, sin aparecer la del secretario, y favoreció a Argueta y a la primera dama, «y ahí­ sí­ se validó», alegó.

La parlamentaria Nineth Montenegro lamentó que el ministro haya buscado un recurso más para atrasar la entrega, lo que hace crecer la sospecha que algo están ocultando y que quieren ganar tiempo y así­ también algo estar depurando de los programas sociales.

Sin ser fatalista, Montenegro expresó que si el ministro no quiere entregar la información por la ví­a jurí­dica, menos la entregarí­a a través de una interpelación que siguió su curso este jueves.

Entonces, si la CSJ favoreciera el requerimiento legal que ha hecho el titular de Educación Pública, demostrarí­a una vez más «que ante la ley no todos tenemos el mismo tamaño», reiteró.

REITERAN

Roxana Baldetti, jefa del bloque Patriota, indicó que han empezado a estudiar una muestra parcial de dos mil quinientos casos de beneficiarios de «Mi Familia Progresa», con resultados sobre los que deberá responder el titular de Educación Pública.

Los datos parciales que han encontrado se refieren a «códigos que no coinciden con los números de cédula, cédulas repetidas; aunque digan que no, son de diferentes nombres», resaltó la diputada Baldetti.

Asimismo, denunció que hubo desaparición de una cantidad de códigos que originalmente habí­an enviado y ahora ya no existen y hace despertar duda acerca de si existe o no existe la persona beneficiada.

Averiguarán cuánto dinero han recibido las personas, para cuadrar los datos, «nos permite saber si efectivamente se está trabajando con transparencia o si realmente hay que agregar más elementos para conocer la realidad de «Mi Familia Progresa», dijo.

La Hora intentó comunicarse con í‰dgar Rosales, vocero de los programas sociales, en tres llamadas consecutivas, sin embargo en los tres intentos solo se escuchó la nota de grabar mensaje.