La iniciativa de ley que regula la comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas propano ha provocado una polémica que es asumida sólo como una guerra entre gaseras y no como un asunto de interés nacional. Quienes se oponen a sus indudables beneficios arguyen razones de mercado, pero no manifiestan su preocupación por la seguridad de los consumidores, quienes mantenemos un contacto cercano con los cilindros del combustible. Abundan las constataciones de que la mayoría de los envases se encuentran en muy mal estado ya que en cualquier momento pueden saltar en pedazos, debido al menor detonador. A pesar de las frecuentes voces de alerta, ni las autoridades ni las empresas que comprimen el fluido propano han adoptado medidas para evitar desastres en términos de muertes, lesiones y ruina de propiedades.
Con esta iniciativa se erradicará la práctica de los gaseros de mantener en malas condiciones sus depósitos domésticos de combustible. Todas las empresas estarán obligadas a identificar los envases de su propiedad y deberán contar con seguros para indemnizar a los perjudicados por su falta de controles, tanto de seguridad como de calidad. Quienes se oponen a la aprobación de la ley lo hacen por razones económicas y los tiene sin cuidado que la población no cuente con un seguro de vida. Las objeciones provienen de la obligación de cada empresa de comprar medio millón de cilindros, que en el caso de los recipientes de 25 libras cuesta 35 dólares cada uno, por lo que la inversión sería de 17.5 millones de dólares.
En medio de la controversia que se desató sobre la necesidad del nuevo cuerpo legal pasó inadvertida la información que surgió de las reuniones entre integrantes de la Comisión de Energía del Congreso, empresas de gas y expendedores del hidrocarburo. Se ha señalado a Eduardo Pellecer, asesor tanto del grupo gasero TOMZA como del presidente Berger, quien, aprovechándose de la cercanía con el mandatario, influyó entre los integrantes de la bancada de la GANA y con la ministra de Energía y Minas para resistirse al proyecto que tenía dictamen favorable en el seno de la respectiva Comisión legislativa.
Las maniobras de Eduardo Pellecer también se extendieron al otro proyecto de ley impulsado por el diputado Manuel Baldizón para evitar la aprobación de la propuesta original. Baldizón pretende la creación de un impuesto que afectaría directamente al consumidor y no a las empresas, evitándose el cumplimiento de normas que protejan el medio ambiente y a los consumidores.
Es urgente retomar la discusión original de un instrumento legal que fortalece las normas y procedimientos de comercialización del hidrocarburo. La nueva ley dará garantías para una libre competencia, de la cual se deriven mejores productos, los precios más convenientes para la población y la creación de un Inventario Nacional de Cilindros que proporcione la máxima seguridad personal y patrimonial y el justo resarcimiento de daños producidos por accidentes causados por los cilindros en el sitio del consumo final del gas propano.