Una mujer barre, otra aprovecha el tibio sol invernal y dos hombres hablan, quizás sobre fútbol, junto a la valla que bloquea, hace más de tres años, un puente que une Argentina con Uruguay. Un cuadro de tranquilidad que esconde inquietud, tras la decisión gubernamental de querellar a los manifestantes.
«A nivel personal, estoy enojado porque se ha cometido otra injusticia. A nivel colectivo existe temor por la intimidación del gobierno», dijo el jueves a la AFP Jorge Fritzler, uno de los voceros de la Asamblea Ambiental que lidera la protesta contra la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la costa uruguaya de un río limítrofe, a la que los vecinos de Gualeguaychú consideran contaminante.
Fritzler y otros cuatro vecinos son los únicos que se encontraban la mañana del jueves en el paraje argentino de Arroyo Verde, en ruta al puente internacional, donde nada parece indicar que allí está el epicentro de un conflicto ambiental que amenazó las relaciones bilaterales y llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
En su sentencia, la CIJ dictó que Argentina «no aportó pruebas concluyentes» que establezcan que la pastera esté «afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico» del fronterizo río Uruguay.
La decisión del gobierno argentino de cambiar el estado de cosas como gesto para mejorar los vínculos con Uruguay indignó a los ambientalistas, pero la amenaza oficial de querellarlos penal y civilmente generó a la vez inquietud: ya son renuentes a hablar con la prensa, evitan dar sus apellidos o simplemente declaran no tener nada que decir.
«Nunca tuvieron las agallas para defender la soberanía y el medio ambiente. Ahora están criminalizando la protesta. Están buscando el miedo de los vecinos frente a una lucha por la vida», dijo a su vez Laura, una comerciante de 44 años, quien se negó a dar su apellido.
«El gobierno declaró a la lucha contra la pastera (finlandesa) Botnia una causa nacional y ahora nos dejan solos. La decisión de mantener el corte de la ruta ahora se reafirma mucho más», dijo de su lado Teresa Barros, de 53 años.
Mientras barría los restos de papeles que quedaron esparcidos durante la asamblea con unos 300 vecinos que por seguridad sesionó a puertas cerradas hasta la madrugada del jueves en un galpón frente a la valla en la ruta, Cira Muñoz aseguró en cambio que «el gobierno quiere amedrentarnos, pero a mí no me atemoriza nada».
«Que me detengan y me alojen en una celda VIP, total me faltarían tres años para el arresto domiciliario», dijo sonriendo y desafiante Cira Muñoz, de 67 años.
Ni un policía, ni un gendarme (policía de frontera), ni un auto que se acercara a la valla sobre la carretera que hasta 2006 era la vía para miles de argentinos que vacacionan en las playas de Uruguay; toda era este jueves como una típica postal del bucólico ambiente rural argentino.
La mujer y sus compañeros sin embargo se preparaban para la marcha prevista para la tarde del jueves ante el municipio de Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires), considerada una prueba de fuego por los ambientalistas para medir fuerzas tras la ofensiva judicial anunciada el miércoles por el gobierno.
Pero también con el objetivo de mostrar fuerzas ante medio centenar de comerciantes de Gualeguaychú que han iniciado un movimiento contra el bloqueo por considerar que los perjudica económicamente.
«Iremos al municipio a presentar nuestra indignación al alcalde (Juan José Bahillo) y al gobierno de la provincia (de Entre Ríos). El gobierno federal nos tiró el Código Penal encima. Pero nada hacen frente a las violaciones del Tratado del Río Uruguay del gobierno uruguayo, que fueron admitidas por la Corte de La Haya», dijo a la AFP Juan Carlos Barrios.
La ciudad de 66.000 habitantes que vive del turismo, el comercio y la actividad agropecuaria, se mantenía este jueves en completa calma, pero dividida por una protesta cuyo fin parece aún lejano.