El procesamiento de Amado Boudou, el primer vicepresidente en la historia argentina en enfrentarse a una situación judicial de este tipo, resulta un nuevo inconveniente para la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que afronta un panorama de conflictos internos y externos.

En un fallo dado a conocer casi a la medianoche de este viernes, el juez Ariel Lijo consideró que Boudou tomó parte en una operación incompatible con su papel de funcionario público para facilitar que una empresa inmersa en un proceso de quiebra superara esa instancia y quedara, según la investigación, en manos amigas.

Por ese motivo, el magistrado dictó su procesamiento y el de otras cinco personas, entre ellas dos muy cercanas a su entorno, una de las cuales, se sospecha, podría ser su testaferro.

Pese a que la defensa de Boudou opinó hoy que la determinación del juez «parece un cuento de hadas contado de forma fantástica para que los medios (de prensa) lo puedan reproducir», los principales dirigentes de la oposición al gobierno dijeron que el vicepresidente, que se encuentra en una visita oficial en Cuba, al menos debe pedir una licencia en el cargo hasta que su situación judicial se resuelva.

Otros, en cambio, exigieron que la jefa de Estado, quien en 2011 designó a Boudou para acompañarla en la fórmula presidencial, le pida la renuncia.

El gobierno argentino vivió en los últimos días un complicado panorama en el cual la situación judicial del vicepresidente parece ser hasta ahora la frutilla que se coloca sobre el postre.

Principalmente, se enfrenta a la complejidad que representa la disputa legal con los bonistas de la deuda externa que en dos oportunidades (2005 y 2010) desestimaron la posibilidad de cobrar su dinero con una quita en el monto y que, ante esa propuesta, recurrieron a la Justicia en busca del 100% de lo adeudado.

Entre el jueves y viernes último, el juez estadounidense Thomas Griesa resolvió dos veces en forma negativa a los intereses argentinos. Primero, rechazó una apelación del gobierno que buscaba suspender una sentencia anterior y luego impidió el pago a los bonistas que sí aceptaron una quita de su deuda, lo que volvió a poner al país frente al precipicio de la suspensión de pagos.

A este panorama se agrega que en los primeros cinco meses del año la industria automotriz, uno de los principales motores de la economía nacional, ingresó en una crisis de ventas que puso en riesgo la continuidad laboral de unas 190.000 personas.

Si se suma a ello el hecho de que el nivel de consumo que caracterizó la última década de gobierno permanece estancado, el incremento de los precios de la canasta básica de alimentos todavía es motivo de preocupación y las posibilidades de recurrir a mercados internacionales en busca de dinero fresco se encuentra frenada hasta tanto no se solucione la disputa entablada ante la Justicia estadounidense con lo que en Argentina se llama «fondos buitre».

Doce horas después del fallo contra Boudou, tanto la mandataria argentina como sus principales funcionarios guardaban silencio. Sólo algunos legisladores, entre ellos, Fernando «Chino» Navarro, afirmaron que la decisión judicial era «esperable».

A 18 meses de concluir su mandato, Cristina Fernández de Kirchner vive otro momento difícil en su gestión, mientras más de una decena de dirigentes oficialistas y opositores comienzan a preparar su campaña política para sucederla al frente de un convulsionado país.